El Congreso de la República ha sido el escenario donde se ha encendido la alerta sobre el futuro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Soacha. La representante por Cundinamarca, Alexandra Vásquez del Pacto Histórico, ha levantado la voz ante presuntas irregularidades en las empresas que buscan obtener el millonario contrato para el año 2024.
Contrato del PAE en Soacha
Cuatro Uniones Temporales están en la carrera por este contrato, cuyo valor se acerca a los 20.000 millones de pesos y cuya adjudicación está prevista para el próximo 8 de marzo de 2024.
Sin embargo, la representante Vásquez ha señalado que estas empresas tienen un historial cuestionable en la prestación de servicios similares, así como antecedentes de sanciones económicas por irregularidades.
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A continuación, se detallan algunas de las preocupaciones expresadas por la congresista:
Unión Temporal Calidad y Vida:
- Integrada por tres empresas, una de ellas, Proalimentos Liber S.A.S., está en proceso de reorganización y ha sido objeto de una investigación por presunta cartelización y corrupción.
- ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S, otra integrante, ha sido denunciada por intoxicación a pacientes en un hospital de Medellín y por la mala calidad de la alimentación en otros contratos.
UT Alimentos PAE Soacha 2024:
- Integrada por cuatro empresas, entre ellas Seval Logística SAS, acusada de presentar documentación falsa para obtener contratos en el pasado.
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UT Sevivesoacha 2024:
- Integrada por Servicio de Alimentos y Lógistica SAS SEDALCO SAS y Fundación Vive Colombia, estas empresas han ganado repetidamente contratos a pesar de denuncias de incumplimiento de requisitos y la supuesta participación de un exdiputado en el proceso.
UT Juntos Por Soacha:
- Integrada por empresas como la Fundación CEA Cartagena y Construyamos Colombia, ambas con antecedentes de entrega de alimentos de baja calidad y acusaciones de corrupción.
La representante Vásquez ha instado a mantener la vigilancia sobre este proceso de contratación, enfatizando que todas las empresas proponentes enfrentan acusaciones de corrupción, baja calidad en la prestación de servicios o cartelización.
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El contrato aún no ha sido firmado, y el seguimiento continuará para determinar a quién se le adjudicará este polémico contrato.
