El 21 de enero de 2025, las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias mayoritarias del Grupo Keralty, al cual pertenece la EPS Sanitas, presentaron una demanda arbitral contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Esta acción legal surge como respuesta a la intervención forzosa de la EPS Sanitas por parte del gobierno colombiano en abril de 2024, y las compañías demandantes buscan una compensación de aproximadamente 1.200 millones de dólares, alegando una "expropiación indirecta" de sus inversiones.
La intervención de la EPS Sanitas, que cuenta con cerca de 5,7 millones de afiliados, fue ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud el 2 de abril de 2024. Según el superintendente de Salud, Carlos Leal Angarita, la decisión se basó en "el estado de la situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de los usuarios" de la entidad. Durante el año 2023, Sanitas registró 185.634 reclamaciones, con una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, superando significativamente el promedio nacional. Los principales motivos de las quejas incluían deficiencias en la asignación y oportunidad de citas, entrega de tecnologías en salud y autorizaciones de servicios.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la intervención no afectaría la prestación de servicios a los afiliados y que se garantizaría la continuidad en la atención médica. Sin embargo, la medida generó controversia en diversos sectores políticos y empresariales. El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su preocupación, señalando que la intervención podría llevar al estatismo y afectar la inversión privada en el sector salud. Por su parte, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, calificó la acción como una represalia del gobierno ante la falta de apoyo en el Congreso para la reforma a la salud, y advirtió sobre posibles riesgos para la vida de los pacientes.
En respuesta a las críticas, el presidente Gustavo Petro afirmó que la intervención buscaba proteger el sistema de salud y garantizar la vida de los colombianos. Petro señaló que el actual sistema había permitido la extracción indebida de recursos públicos por decenas de billones de pesos, y que era necesario actuar conforme a la ley y la constitución para corregir estas irregularidades.
La intervención de Sanitas se produjo en un contexto de debate sobre la reforma al sistema de salud colombiano. El gobierno de Petro ha promovido una transformación del sistema, buscando eliminar la intermediación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) privadas y permitir que los recursos pasen directamente del Estado a las clínicas y hospitales. Esta propuesta ha generado resistencia en sectores que consideran que el modelo actual ha funcionado adecuadamente desde los años 90 y que su modificación podría afectar la calidad y cobertura de los servicios de salud.
La demanda arbitral presentada por Natanor XXI y Centauro Capital ante el Ciadi representa un nuevo desafío para el gobierno colombiano. Las empresas argumentan que la intervención de Sanitas constituye una expropiación indirecta de sus inversiones, y buscan una compensación que podría ascender a 1.200 millones de dólares. Este proceso legal podría tener implicaciones significativas para el país, tanto en términos financieros como en la percepción de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros.
Además de la acción legal internacional, los accionistas de Sanitas han recurrido al ámbito judicial colombiano. Presentaron una tutela alegando irregularidades en la intervención de la EPS, la cual fue desestimada por el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, la Corte Constitucional ha anunciado que revisará el caso, lo que podría derivar en un pronunciamiento sobre la legalidad de la intervención y sus implicaciones para los usuarios del sistema de salud.
En este contexto, asociaciones de usuarios han manifestado su preocupación por las posibles afectaciones en la calidad y continuidad de los servicios de salud. Denis Silva, de la Asociación Pacientes Colombia, señaló que los litigios internacionales no benefician ni al sistema de salud ni a los usuarios, y expresó inquietud por la capacidad instalada que tiene el Grupo Sanitas en el país. Por su parte, Álvaro Molina, vocero de la Asociación de Usuarios de Sanitas, advirtió que las intervenciones anteriores han terminado en liquidación, lo que genera incertidumbre entre los afiliados.
La disputa entre las empresas españolas y el Estado colombiano pone de relieve las tensiones existentes en torno a la reforma del sistema de salud y la participación del sector privado en la prestación de servicios. El desenlace de este conflicto legal y las decisiones que tomen las autoridades colombianas serán determinantes para el futuro del sistema de salud y la confianza de los inversionistas extranjeros en el país.
