Los conductores de Bogotá enfrentan un inicio de año fiscalmente agresivo y controversial debido al incremento autorizado de hasta un 25 % en las tarifas de estacionamiento, una medida aplicada tanto en las Zonas de Parqueo Pago (ZPP) en vía como en los establecimientos cerrados privados.
Este ajuste tarifario, que ha sido calificado como un "golpe al bolsillo" y una "medida inconsulta" por diversos sectores de usuarios, gremios de transporte y concejales, ha generado un profundo malestar ciudadano, no solo por el evidente costo económico adicional en un contexto inflacionario, sino por la persistente y denunciada falta de garantías de seguridad, vigilancia y responsabilidad civil por parte de los operadores hacia los vehículos estacionados.
La denuncia principal: Pagar más por un servicio inseguro
La denuncia principal, respaldada por centenares de usuarios y liderada públicamente por el concejal Julián Forero, radica en que, a pesar del sustancial aumento en las tarifas, los operadores de parqueaderos, tanto públicos como privados, no asumen una responsabilidad real, contractual ni efectiva frente a robos de accesorios o del vehículo completo, daños por rayones o golpes, o cualquier otro incidente ocurrido dentro de sus instalaciones o en el espacio de vía asignado.
En las zonas de parqueo en vía, la situación es percibida como aún más crítica y abusiva para los conductores, quienes se sienten bajo un esquema de "persecución" y sanción automática mediante el uso de "cepos" o inmovilizadores para penalizar retrasos mínimos en el pago, sin que esta agresividad en el cobro coactivo se traduzca en una custodia efectiva, una mayor rotonda de vigilantes o un sistema de monitoreo que realmente proteja el automotor.
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Según Forero, es totalmente inaceptable e inequitativo que la ciudad cobre precios que se acercan a los de estacionamientos cubiertos por un servicio a cielo abierto que ofrece desprotección absoluta y donde el único servicio tangible es la marcación de la hora de entrada, sin responsabilidad posterior.
Acciones legales y propuestas en el Concejo de Bogotá
Ante este panorama de indignación generalizada, el cabildante anunció la radicación formal de una acción popular con el objetivo jurídico de exigir que todos los parqueaderos con concesión o permiso distrital, así como los privados que ofrecen servicio al público, cuenten con pólizas de responsabilidad civil obligatorias y de amplia cobertura que protejan el patrimonio de los usuarios ante siniestros ocurridos bajo su custodia.
Asimismo, se presentará en los próximos días un proyecto de acuerdo distrital para que la desinstalación del cepo o inmovilizador sea un procedimiento gratuito una vez el ciudadano haya cancelado íntegramente el tiempo de parqueo adeudado más la multa correspondiente, eliminando lo que consideran un cobro arbitrario adicional (que suele oscilar entre un 20% y 30% del valor de la multa) por el solo hecho de retirar el dispositivo, un costo que no tiene justificación técnica ni de servicio.
Otra de las propuestas en trámite, dirigida a un sector particularmente vulnerable, busca la creación de zonas de parqueo gratuito, seguro y con vigilancia para los mototrabajadores (mensajeros, domiciliarios), quienes dependen absolutamente de su vehículo para el sustento diario y se ven gravemente afectados por las nuevas tarifas, al tener que estacionarse varias veces al día en diferentes puntos de la ciudad.
Un impacto transversal y la urgencia de una política justa
El incremento tarifario impacta de manera transversal y severa a todos quienes utilizan el vehículo particular para trabajar (comerciantes, profesionales independientes, taxistas en sus descansos) o para realizar trámites esenciales en el centro ampliado de la ciudad, exacerbando la percepción ciudadana de que la política de movilidad y espacio público está enfocada primordialmente en el recaudo fiscal y en la rentabilidad del operador, y no en la calidad, seguridad y justicia del servicio prestado al ciudadano.
La urgencia de revisar y reformular integralmente estas políticas de parqueo, su regulación y los mecanismos de control, se ha vuelto una prioridad en la agenda de la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, buscando establecer un nuevo equilibrio regulatorio donde el pago por el uso temporal del espacio público o privado garantice, como mínimo, la integridad de los bienes de los bogotanos y una relación contractual clara y equitativa.
La administración distrital tiene el reto de responder a este descontento masivo con acciones concretas que vayan más allá de la simple actualización tarifaria y aborden el fondo del problema: la asimetría total entre lo que se paga y lo que se recibe en términos de seguridad y responsabilidad en el servicio de parqueo en Bogotá.
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