Oculto entre el ruido del tráfico y el concreto de la calle sexta, en pleno corazón de Puente Aranda en Bogotá, funcionaba un hogar improvisado que durante casi dos décadas pasó desapercibido para muchos. No era una vivienda común: sus paredes eran de lona y madera reciclada, y estaba asentado sobre el borde del canal Comuneros. Allí, dos habitantes de calle habían construido un cambuche que, para sorpresa de las autoridades, llevaba instalado en el mismo punto 17 años.
La estructura, levantada de manera artesanal pero con cierto nivel de adaptación al medio, contaba con comodidades que reflejan la complejidad del fenómeno de habitabilidad en calle: un televisor, una estufa, un reproductor de DVD y, para garantizar el funcionamiento de estos electrodomésticos, una conexión ilegal a la red de energía eléctrica que fue cortada de inmediato por los equipos técnicos. Este hallazgo se produjo en el marco de una jornada de recuperación de espacio público en la localidad, que terminó con el desmonte de 11 estructuras en total.
La intervención, enmarcada en la estrategia 'Distritos Seguros' del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCJ), se ejecutó sobre un tramo de 600 metros lineales en la calle sexta, entre carreras 30 y 35. Esta zona, que comprende los sectores de Comuneros y Pensilvania, dentro de la UPZ Ciudad Montes, había sido identificada como un punto crítico donde la ocupación indebida del espacio público confluía con otros factores de inseguridad.
Además de los nueve cambuches estructurados artesanalmente y dos carretas adaptadas como vivienda, los operativos permitieron la incautación de varias armas blancas, un elemento recurrente en este tipo de entornos y que representa un riesgo tanto para la población vulnerable como para los vecinos del sector.
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Más que un desmonte: la ruta social detrás de la recuperación del espacio público
Detrás de la remoción de lonas y estructuras de madera, la jornada en el canal Comuneros dejó una radiografía humana que obliga a mirar más allá de la simple recuperación del ladrillo y el cemento. Durante el operativo, las diferentes entidades distritales abordaron a 17 personas en condición de habitabilidad de calle, cada una con una historia y una necesidad particular.
El análisis etario de este grupo revela la diversidad del fenómeno: 7 eran jóvenes con edades entre los 14 y 28 años, lo que enciende las alarmas sobre el ingreso temprano a la vida en calle. Otros 6 eran adultos entre 29 y 59 años, y 4 eran personas mayores de 60 años, un segmento de la población especialmente vulnerable por su edad y las condiciones de salud asociadas.
Para todos ellos, la intervención no se limitó al desalojo. La presencia articulada de la Secretaría Distrital de Integración Social y los equipos transversales de la Secretaría de Seguridad permitió activar rutas de atención y ofrecer la oferta institucional disponible. El objetivo, según han reiterado las autoridades en este tipo de procedimientos, no es solo limpiar el espacio, sino tender puentes para que estas personas puedan acceder a servicios de salud, dormitorios, programas de rehabilitación o procesos de inclusión social que les ofrezcan una alternativa real a la vida en la calle.
Esta intervención no fue un hecho aislado. En ella confluyó un impresionante engranaje institucional que incluyó a la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y Aguas de Bogotá. Cada entidad jugó un rol específico: mientras unas garantizaban la seguridad y el debido proceso, otras se encargaban de la limpieza, el retiro de residuos o la desconexión de servicios ilegales.
Un mensaje de legalidad y la apuesta por la sostenibilidad de la intervención
Para los residentes y comerciantes del sector de Comuneros y Pensilvania, esta intervención envía un mensaje claro sobre la presencia del Estado en territorios que, por años, sintieron abandonados. La recuperación de estos 600 metros de espacio público no solo devuelve el paisaje urbano a los ciudadanos, sino que ataca factores de riesgo asociados al microtráfico, la disposición inadecuada de residuos y la percepción de inseguridad que generan estos asentamientos.
Sin embargo, el gran desafío para la administración distrital, en el marco del plan 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', será la sostenibilidad de la intervención. La historia de la ciudad está llena de ejemplos de espacios recuperados que, con el paso de las semanas, vuelven a ser ocupados. Por eso, el trabajo articulado no termina con el desmonte de los 11 cambuches. La estrategia 'Distritos Seguros' contempla un acompañamiento posterior que incluye el mantenimiento del espacio, el alumbrado público y, sobre todo, el seguimiento a los casos de las 17 personas abordadas, para que la oferta social no sea solo un ofrecimiento de un día, sino una ruta efectiva de transformación.
Así como en otras entidades del país se certifican procesos de calidad y transparencia, en el Distrito se busca perfeccionar el modelo de intervención en puntos críticos. La lección que deja el desmantelamiento de este cambuche de 17 años es que la recuperación del espacio público es, ante todo, un ejercicio de dignidad: dignidad para los vecinos que recuperan su entorno y, fundamentalmente, dignidad para las personas en condición de calle, a quienes se les debe garantizar el derecho a no ser invisibles y a recibir una oportunidad real para reconstruir sus proyectos de vida.
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