El emblemático Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá se encuentra en el centro de una controversia administrativa y técnica debido al acelerado deterioro de su campo de juego.
El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, calificó el estado actual de la gramilla como “inaceptable”, señalando directamente al concesionario Sencia como el responsable de garantizar que el escenario cumpla con los estándares internacionales para la práctica del fútbol profesional.
Bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) que rige actualmente el estadio, la administración y el mantenimiento preventivo y correctivo recaen sobre el privado, quien debe responder por la calidad de la superficie de juego, un elemento fundamental no solo para el espectáculo, sino para la seguridad de los deportistas.
La situación no es nueva y evidencia una falla en la gestión del contratista.
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Advertencias técnicas desatendidas y un proceso de revisión en curso
Según reveló el IDRD, desde junio de 2025 se habían emitido recomendaciones técnicas precisas para fortalecer el sistema radicular de los pastos y aplicar tratamientos fitosanitarios específicos, acciones esenciales para mantener la salud del césped en un clima variable como el de Bogotá.
Estas recomendaciones formaban parte de un plan de mantenimiento correctivo acordado entre las partes, destinado a contrarrestar el desgaste natural y garantizar la resiliencia del campo ante la alta frecuencia de eventos.
Sin embargo, las inspecciones más recientes muestran que estas advertencias no fueron atendidas con la diligencia, frecuencia o especificidad técnica requeridas, resultando en un terreno irregular, con sectores despoblados y escaso vigor, que no solo afecta el espectáculo deportivo, sino que pone en riesgo la integridad física de los futbolistas al incrementar la probabilidad de lesiones por malas condiciones del suelo.
Por esta razón, el IDRD ha iniciado un proceso de revisión contractual exhaustivo que podría derivar en multas severas o procesos sancionatorios por incumplimiento de las obligaciones pactadas en la concesión, las cuales son claras en cuanto a los parámetros de calidad que debe mantener la cancha.
Propiedad pública y supervisión estricta: La postura distrital
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respaldó la postura institucional del IDRD y fue enfático al declarar que "no se permitirá que el principal escenario deportivo de la ciudad pierda calidad por falta de gestión del concesionario".
Galán aseguró que la administración distrital supervisará personalmente los informes técnicos de las próximas semanas y exige un plan de recuperación inmediato, con plazos concretos y soluciones técnicas verificables.
Por su parte, el director García Cañón subrayó que, aunque el estadio es ahora gestionado por un tercero, la propiedad sigue siendo de los bogotanos, y por ende, el IDRD actuará como un vigilante estricto para que Sencia recupere la gramilla de manera inmediata y sostenible, sin parches temporales.
Este conflicto ocurre en un momento crítico, donde la agenda deportiva del país, que incluye partidos de liga y competiciones internacionales, exige escenarios en óptimas condiciones, dejando en duda la efectividad y el control sobre las actuales alianzas público-privadas para el mantenimiento de infraestructura deportiva estratégica.
El prestigio de un ícono deportivo en juego
La degradación del campo de El Campín no es un tema menor; toca la reputación de uno de los estadios más importantes de Colombia, históricamente sede de finales, partidos de selección y eventos masivos.
Un césped en mal estado afecta directamente la calidad del juego, la seguridad de los jugadores y la experiencia de los aficionados, elementos que son parte integral del contrato de concesión.
La situación ha generado preocupación entre clubes, ligas y la propia Federación Colombiana de Fútbol, quienes dependen de escenarios confiables para desarrollar el calendario nacional.
El IDRD ha dejado claro que agotará todas las instancias contractuales para remediar la situación, incluyendo la posibilidad de imponer penalidades económicas que compensen el daño al patrimonio público y obliguen al concesionario a realizar las inversiones necesarias.
La resolución de este caso sentará un precedente crucial sobre los límites, responsabilidades y mecanismos de control en los contratos de APP para la gestión de bienes públicos emblemáticos, asegurando que el beneficio de la privatización de la gestión no comprometa la calidad ni la propiedad colectiva del escenario.
La ciudadanía espera una pronta y contundente solución que devuelva a El Campín el esplendor que merece como la casa del fútbol bogotano.
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