En un operativo conjunto de control ambiental realizado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía Ambiental de Bogotá, la clínica veterinaria Nutrivet, ubicada en la localidad de Suba, recibió una multa cuantiosa de $933.816 pesos por arrojar residuos peligrosos de origen biológico al espacio público sin ningún tipo de tratamiento previo.
Durante la inspección de rigor efectuada en la calle 123 con carrera 45, las autoridades ambientales hallaron evidencias contundentes de jeringas usadas, batas contaminadas, gasas con fluidos corporales y diversos desechos biológicos mezclados indiscriminadamente con papelería administrativa del establecimiento en contenedores de basura ordinaria.
Esta infracción grave es catalogada técnicamente como una falta de alto impacto contra la convivencia urbana y la salud pública de los habitantes del sector residencial y comercial.
La sanción económica impuesta corresponde específicamente a una multa tipo 4, que representa el monto máximo permitido por el artículo 111 del Código Nacional de Policía y Convivencia para infracciones ambientales de esta magnitud y peligrosidad potencial. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán enfatizó mediante comunicado oficial que todos los centros médicos, veterinarios y de salud en general tienen la obligación legal expresa de contratar gestores autorizados y certificados para la disposición final adecuada de residuos biológicos e infecciosos. No cumplir con los horarios y frecuencias de recolección establecidas contractualmente, o disponer mal de estos elementos peligrosos, genera focos de contaminación biológica y riesgos epidemiológicos innecesarios para la comunidad circundante.
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Bogotá: Riesgos sanitarios y responsabilidad empresarial
El manejo inadecuado de residuos biológicos veterinarios representa un riesgo sanitario particularmente alto debido a la posibilidad de transmisión de zoonosis -enfermedades que pueden pasar de animales a humanos- y la contaminación de fuentes hídricas con medicamentos y sustancias utilizadas en tratamientos veterinarios.
Las clínicas y hospitales veterinarios generan residuos clasificados en el grupo B según la normativa colombiana, los cuales requieren protocolos especiales de segregación, almacenamiento temporal en contenedores especiales, y transporte en vehículos autorizados hacia sitios de tratamiento autorizados.
El incumplimiento de estos protocolos no solo acarrea sanciones económicas, sino que puede generar suspensiones de actividades y hasta el cierre definitivo del establecimiento en casos de reincidencia.
La UAESP instó de manera contundente a todos los comercios de la ciudad, especialmente aquellos del sector salud y servicios afines, a trabajar activamente por el orden urbano y el cuidado ambiental bajo la estrategia integral "2026 más ordenado".
La entidad recordó que existen canales oficiales de reporte como "Bogotá te escucha" para informar fallas en la recolección ordinaria o denunciar el mal manejo de escombros, basuras y residuos especiales en las diferentes localidades.
La limpieza pública sistemática y el respeto estricto por el espacio común son pilares fundamentales para lograr que Bogotá camine de manera segura, saludable y ambientalmente sostenible hacia su desarrollo urbano planeado.
Programas de capacitación y acompañamiento
Más allá del componente sancionatorio, la UAESP ha diseñado programas específicos de capacitación y acompañamiento técnico para establecimientos que generan residuos especiales. Estos programas incluyen talleres gratuitos sobre clasificación de residuos, asesoría en la selección de gestores autorizados, y acompañamiento en la implementación de planes de gestión integral de residuos.
Para 2026, se proyecta capacitar a más de 5.000 establecimientos comerciales en toda la ciudad, con especial énfasis en aquellos ubicados en zonas de alta densidad poblacional y con historial de infracciones ambientales.
La sanción a la clínica Nutrivet sirve como caso ejemplarizante dentro de una campaña más amplia de control ambiental que la administración distrital viene implementando desde inicios de año. Solo en enero de 2026 se han realizado 85 operativos similares en diferentes localidades, resultando en 23 sanciones económicas y 12 suspensiones preventivas de actividades.
Estos números reflejan una política de tolerancia cero frente al manejo inadecuado de residuos peligrosos, priorizando la protección de la salud pública y el medio ambiente urbano sobre consideraciones económicas particulares, en línea con los compromisos adquiridos por Bogotá en materia de desarrollo sostenible y salud urbana integral.
