Para algunos, la ejecución de un presupuesto público, en cualquier entidad, parecería una meta a cumplir, cueste lo que cueste. Como el enfermo que cumple a rajatabla las órdenes del médico.
Opinión
Por: Juan Carlos Calderón España
Para otros, la ejecución de un presupuesto público depende, no solo de su misma razón de ser, sino también de las circunstancias diversas que se puedan presentar, en el año en que se proyectó la formulación anticipada de gastos e ingresos de una entidad.
De acuerdo con esto, un presupuesto estará sometido a la efectividad de la gestión adelantada por los administradores, como a los imponderables surgidos por los embates de la naturaleza o por las corrientes rebeldes del destino.
Y lo último, es lo que ha ocurrido en las entidades estatales del mundo, lo mismo que en las privadas, que han enfrentado un mal pandémico que cubre la tierra y ha hecho imposible el cumplimiento de sus metas.
Lo anterior no es para justificar unas cifras que, a simple vista, podrían causar inquietud: Las presentadas en un debate en el Concejo de Bogotá por el miembro de la bancada de Cambio Radical, Rolando González.
El concejal se refirió al 33% de ejecución presupuestal, cumplido en el 2020 por la administración de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, un ente que, como lo indica su nombre, tiene autosuficiencia administrativa y financiera, y patrimonio propio para desempeñar sus funciones constitucionales al tenor de la ley 99 del 22 de diciembre de 1993.
Las cifras pueden causar ansiedad si se miran con la frialdad que demanda la crítica. Pero, es que el 2020 fue un año, en donde aquellos imponderables proporcionados a todo el orbe por un virus cruel y despiadado, aparecieron como fantasmas.
Los habitantes del mundo, Colombia y Bogotá, incluidos, nos confinamos y a estas alturas, nos asomamos apenas con timidez y miedo a las puertas de una reactivación económica para enfrentar las quiebras y las crisis. Nació una nueva realidad y, por ende, nuevos modos.
Sin embargo, la CAR se adaptó y encontró alternativas para seguir cumpliéndoles a los habitantes de su jurisdicción. La CAR no se detuvo y su respuesta institucional, con un servicio en alternancia, virtual y presencial, fue efectiva y eficiente.
En el cumplimiento de la misma ley 99, que asoció a los entes territoriales con las corporaciones que administran el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propenden por su desarrollo sostenible, la CAR y la Gobernación de Cundinamarca unieron esfuerzos para la puesta en práctica del Catastro Multipropósito, con una inversión de 50 mil millones; lo mismo que el apoyo a varios municipios en la construcción de plantas de tratamiento, los programas de lluvia para la vida, entre otros.
Consciente de la necesidad de llegar a unos niveles de ejecución más altos o cercanos a la meta anual, y como una manera de enfrentar el nuevo ritmo impuesto por la pandemia, en mi calidad de consejero, en reiteradas ocasiones, he insistido, a nivel del consejo directivo, en la creación de la dirección de contratación que cuente con un equipo técnico, jurídico, contable y financiero que agilice los diferentes procesos de contratación, con el fin de contrarrestar la nueva realidad que reduce la efectividad en la gestión.
Bogotá es un actor importante en la CAR. Es la ciudad más poderosa que se encuentra en su jurisdicción y su condición de asociado le permite a sus concejales, respetando la autonomía de la corporación, advertir de hechos que, además, se salieron de su cauce por acción del destino arisco de los últimos tiempos.
La capital aporta a la CAR un ingreso a través de las tasas ambientales, pero este aporte no es una dádiva de la ciudad, sino que corresponde a que la urbe se beneficia de la generosidad de sus páramos que le proporcionan el agua y un entorno que oxigena a la metrópoli agobiada por sus altos niveles de contaminación.
Hoy, la recuperación del río Bogotá, avanza con celeridad. La CAR continúa las obras de ampliación del lecho del afluente, la adquisición de predios para una inundación controlada y la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, como la del Salitre. El rio ya muestra una nueva cara.
Es importante dejar en claro que las decisiones que se toman desde la dirección general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a cargo del doctor LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ cuentan con el consentimiento de su Consejo Directivo, en donde tiene asiento la ciudad de Bogotá, quien a través de su representación, aprobó el plan de acción cuatrienal.
El año en curso también ha sido, y lo seguirá siendo, de retos y de acomodamientos a la nueva realidad. Y si a esto le agregamos que se avecina una campaña para alcanzar el favor popular en los cargos de elección, la gestión pública no tendrá expeditos caminos.
Viene la ley de garantías, que si bien no afecta a la CAR, por ser un ente autónomo, según la Constitución, altera el devenir de lo público. Desde noviembre de este año y hasta julio del año entrante, la cuestión estatal será más lenta.
Respetamos las cifras manejadas por el concejal Rolando González quien, como cualquier otro ciudadano, tiene el derecho y la obligación de ejercer su condición y debatir o discutir sobre metas y alcances, no sin antes advertir que la Corporación es una entidad autosuficiente y que, como tal, gestiona los intereses de su creación de acuerdo con los parámetros dictados por su Consejo Directivo.
De una cosa estamos seguros: que desde la CAR, estamos cumpliendo con las funciones definidas por la ley 99, para administrar, en su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas gubernamentales. Y que, claro, estamos sometidos a la incertidumbre que trae el futuro.
De interés: Egan Bernal: “Hoy lloramos por ti Julián, el verdadero orgullo de mi patria”
Disminuye uso de bolsas plásticas en Colombia
Policía de Cajicá asesinado en Bogotá por robarle una bicicleta
Reforma a la Policía Nacional: Mira los primeros cambios
Detenidos integrantes de la “Primera línea” de Soacha, Sesquilé y Gachancipá
