El caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) I de Chía, fue atendido por la Contraloría de Cundinamarca, quien ha confirmado un fallo por responsabilidad fiscal que asciende a la suma de 7.649 millones de pesos, en relación con irregularidades en este proyecto.
Contraloría de Cundinamarca falla a favor de Chía
Este dictamen afecta al exalcalde municipal y exsecretario de obras públicas del municipio de Chía para el año 2015, así como a los contratistas BANCOLOMBIA S.A. y la firma GEHS GLOBAL ENVIROMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA.
El fallo, que ha sido oficialmente registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal, implica la inhabilitación de los responsables fiscales para contratar con el Estado, siendo esta una consecuencia directa de las irregularidades encontradas.
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El fallo aborda una cuantía inicial de 5.398 millones de pesos, que, tras su indexación, se traduce en los 7.649 millones de pesos señalados.
La inversión del municipio de Chía, realizada con recursos propios en un contrato de leasing (de arrendamiento) con BANCOLOMBIA S.A., destinado a la optimización, diseño y construcción de la PTAR CHÍA I DELICIAS SUR, fue el origen de las irregularidades.
La firma GEHS GLOBAL ENVIROMENT AND HEALTH SOLUTIONS DE COLOMBIA, adjudicataria del contrato, no ejecutó el proyecto a pesar de haberse firmado un acta de terminación por el secretario de obras públicas y el contratista.
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El contrato de leasing, valuado en 19 mil millones de pesos, se celebró para cumplir con un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del año 2011, que respondía a una acción popular para mitigar problemas en la planta de tratamiento de aguas residuales.
Irregularidades incluyeron el giro del 100% de los recursos por parte de BANCOLOMBIA S.A. al contratista, sin exigir las garantías correspondientes según lo estipulado en el contrato de leasing.
Pagos efectuados mediante leasing ascendieron a 17.857 millones de pesos, garantizados por la pignoración de impuestos, con el municipio de Chía asumiendo pagos por 5.398 millones de pesos.
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El contrato de aprovisionamiento, celebrado a cero pesos pero con cargo al contrato de leasing, fue terminado escasos 12 días después de su inicio, sin haber recibido la PTAR que debía optimizarse y ponerse en funcionamiento.
Se determinó un daño al patrimonio del municipio de Chía, con conductas calificadas como dolo y culpa grave, causando el pago de más de 5.398 millones de pesos sin obtener los beneficios proyectados.
