En medio del complejo conflicto que envuelve a Sudán desde 2023, existe una intrincada red que involucra a más de 300 exmilitares colombianos, muchos de ellos víctimas de un engaño que los llevó a convertirse en mercenarios en una guerra ajena. Los exmilitares fueron inicialmente contratados bajo al parecer el pretexto de participar en proyectos de infraestructura petrolera en los Emiratos Árabes Unidos; sin embargo, fueron finalmente enviados a Sudán, contribuyendo inadvertidamente al desplazamiento masivo global y la crisis de hambre que afecta a 8,5 millones de personas.
El descubrimiento de esta operación transnacional salió a la luz cuando una milicia vinculada al gobierno militar sudanés halló documentos personales de un colombiano en el inhóspito desierto fronterizo entre Libia y Sudán. Este hecho sacó a relucir una operación encabezada por la firma colombiana, cuyo rostro visible es Claudia Olivares, representante legal. Testimonios de dos militares colombianos la identifican como pareja del coronel retirado Álvaro Quijano, considerado el principal arquitecto de esta red de mercenarios.
Contratos falsos llevaron a exmilitares colombianos a la guerra
Los exmilitares firmaron contratos en Colombia que detallaban misiones de protección de infraestructura en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, al llegar al extranjero, fueron trasladados a Sudán para integrarse en la contienda entre el gobierno militar y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una organización paramilitar. Varios exmilitares confirman haber firmado acuerdos con cláusulas de confidencialidad de una compañía asentada en Mirapil, Emiratos Árabes, sugiriendo una posible conexión del país del Golfo en esta maniobra.
Claudia Olivares, quien dejó su cargo en el Ejército en 2007 y actualmente reside en Dubái, está bajo el escrutinio de las autoridades debido a sus presuntos vínculos con una red de operaciones desde múltiples países. Se menciona también una posible conexión con el cartel del norte de Mbache, sumando un matiz sombrío al asunto.
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Las familias de al menos 40 exmilitares han presentado denuncias ante las autoridades colombianas, solicitando el retorno de sus seres queridos. Sin embargo, el camino parece incierto. "Nos tienen retenidos aquí; no podemos salir", afirma uno de los exmilitares internado en Sudán.
La respuesta oficial ha sido vaga. Un portavoz de la Cancillería colombiana expresó: "No contamos con información oficial sobre el tema", dejando a los familiares en una incómoda espera por respuestas concretas. Mientras tanto, la guerra en Sudán continúa causando estragos, y los exmilitares colombianos permanecen en una situación de vulnerabilidad extrema.
Este caso pone de manifiesto cómo los conflictos armados son alimentados por redes internacionales que utilizan personas vulnerables como herramientas descartables. También evidencia la falta de amparo para los exmilitares colombianos, quienes tras servir a su país, se enfrentan a situaciones de explotación y engaño en el extranjero.
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Este desenlace desvela la urgencia de investigar y regular las actividades de empresas privadas que operan en zonas de conflicto, asegurando la protección de los derechos de aquellos que buscan oportunidades en el exterior. Los relatos de estos 300 exmilitares y sus familias demandan atención inmediata, sirviendo como un recordatorio de los desafíos y riesgos ocultos en el mundo de las operaciones militares internacionales.
