En el laberinto de la justicia colombiana, el caso de Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar, se ha convertido en un punto de inflexión, marcando un hito en el proceso de paz del país. Habiendo recibido el beneplácito de un juez de ejecución de penas para su libertad condicional este lunes 4 de marzo, Mancuso se encuentra en un delicado limbo judicial, a la espera de dos audiencias claves que determinarán su futuro fuera de los muros de La Picota, la prisión de máxima seguridad donde actualmente se halla.
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La justicia colombiana, a través del tribunal de Justicia y Paz, concedió una "libertad a prueba" para Mancuso, estableciendo una prueba de fuego de cuatro años para el excomandante de las Autodefensas. Este desenlace, esperado por muchos, incluidas víctimas y representantes del gobierno, no ha enfrentado oposición, evitándose así recursos de reposición o apelación.
Los detalles de las audiencias programadas arrojan luz sobre el complejo camino hacia la libertad que enfrenta Mancuso. La primera, fijada para este miércoles 6 de marzo, bajo la supervisión del magistrado Carlos Andrés Pérez en Barranquilla, tiene como objetivo evaluar si Mancuso califica como "gestor de paz", un título propuesto por el presidente Gustavo Petro. La segunda cita, el 15 de marzo, en el Tribunal Superior de Bogotá, promete ser decisiva, estableciendo si la libertad estará al alcance de Mancuso.
La jurisprudencia relacionada con este caso se nutre de las sentencias acumuladas datadas el 31 de octubre de 2014, el 20 de noviembre de 2014 y el 13 de diciembre de 2022. Estas fechas son cruciales en la trayectoria judicial de Mancuso, delineando el marco legal que ahora lo rige.
Extraditado en 2008 a Estados Unidos, la figura de Mancuso ha sido objeto de controversia y debate. Sin embargo, la Corte Constitucional ha jugado un papel importante al fallar una tutela a su favor, subrayando la importancia del "debido proceso".
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