En una coyuntura donde la gestión minera se debate entre la autonomía regional y la centralización, Antioquia enfrenta un cambio significativo en su tradición minera que data de más de dos décadas. A partir del 1 de enero de 2024, el Gobierno Nacional retomará las riendas de la titulación y fiscalización minera en este departamento, una tarea que había estado en manos de la administración departamental desde hace 22 años.
Este ajuste en la administración del sector minero surge de la decisión de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que recientemente anunció no extender la delegación minera a Antioquia. La medida ha generado una ola de respuestas en todo el espectro social y político de la región. Entre estas, destaca la posición del actual Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien ha manifestado su desacuerdo, tildando la determinación de “centralista” y contraproducente para el desarrollo de pequeños y medianos mineros antioqueños.
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El departamento de Antioquia ha sido un pionero en la formalización minera, alcanzando más del 40% del total nacional, un logro que ahora se encuentra en una encrucijada. La preocupación es palpable también en el discurso del mandatario electo, Andrés Julián Rendón, quien a través de las redes sociales ha expresado su inquietud por lo que considera una medida que podría dar paso a una mayor incidencia de la minería ilegal y un desdén por la autonomía regional.
La repercusión financiera y social que podría tener el cambio en la administración minera es una preocupación que comparten varios actores departamentales. Sin embargo, la controversia también ha generado grupos en apoyo a la nueva dirección que el Gobierno Nacional pretende tomar, como la Mesa Técnica del Suroeste y líderes religiosos del departamento, quienes discrepan con la actual política de delegación minera.
La ANM sostiene que este giro responde a la necesidad de adaptar las políticas mineras a la visión del Plan Nacional de Desarrollo y a los nuevos horizontes trazados en el Plan Estratégico de la agencia. La intención declarada es posicionar a Antioquia en la vanguardia de un modelo de minería ajustado a los planes y programas actuales, subrayando la imposibilidad de prolongar indefinidamente las funciones delegadas a una entidad nacional.
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