Un juez de control de garantías dictó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, señalados como los presuntos autores de un violento atentado en Bogotá que buscó acabar con la vida de un mayor de la Policía Nacional. La decisión judicial llega tras una investigación rápida y contundente de las autoridades.
Los hechos, que conmocionaron a la comunidad, ocurrieron el pasado 20 de enero en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El oficial, un mayor con años de servicio, se dirigía a su residencia luego de cumplir su jornada laboral, cuando fue sorprendido por sus agresores.
Según la investigación liderada por una fiscal especializada de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, los dos sujetos salieron de manera sorpresiva desde entre unos arbustos, aprovechando la penumbra y la soledad del lugar. Su objetivo era claro y delictivo desde el inicio: el atraco.
Bogotá: Un Ataque de Extrema Violencia y Alevosía
Los atacantes intimidaron al uniformado utilizando armas traumáticas y cortopunzantes. Su intención era despojarlo por la fuerza de sus pertenencias de valor. En medio del forcejeo inicial, lograron quitarle un teléfono celular, una suma de dinero en efectivo y varias joyas de oro que portaba.
Sin embargo, la situación escaló a un nivel de violencia extrema. El mayor fue lanzado con fuerza al suelo, donde quedó a merced de sus agresores. Fue entonces cuando, presuntamente, uno de los sujetos lo atacó con un arma blanca, infringiéndole aproximadamente 11 heridas en diferentes partes del cuerpo.
La gravedad de las lesiones era tal que su vida corrió peligro inminente. La víctima, sangrando abundantemente, fue trasladada de urgencia por sus compañeros a un centro médico de alta complejidad. Allí, un equipo de profesionales de la salud trabajó contra reloj en una intervención quirúrgica compleja.
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Milagrosamente, y gracias a la pericia médica, lograron estabilizarlo y salvarle la vida. El oficial se encuentra ahora en proceso de recuperación, mientras el caso avanza en el ámbito judicial. La captura de los presuntos responsables no se hizo esperar.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con miembros de la Policía Nacional, ejecutó órdenes judiciales que permitieron ubicar y aprehender a los dos implicados en las siguientes horas y días posteriores al ataque. Las pruebas recolectadas en la escena y los testimonios fueron cruciales.
Imputación de Delitos Graves y Llamado a la Denuncia
Durante las audiencias iniciales, la Fiscalía General de la Nación les imputó formalmente los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos en grado de tentativa. La imputación incluyó circunstancias de agravación punitiva, dada la condición de servidor público de la víctima y la extrema violencia empleada.
A pesar del cúmulo de pruebas presentadas por la fiscal a cargo del caso, que incluyen evidencias físicas y testimoniales, los dos procesados optaron por no aceptar los cargos en su contra. Su defensa se prepara para un juicio posterior, mientras permanecen recluidos en la cárcel por orden del juez.
Las autoridades, tanto de la Fiscalía como de la Policía, aprovecharon el cierre de este caso para hacer un llamado contundente a la ciudadanía. Enfatizaron que la colaboración de la comunidad, a través de la denuncia oportuna y valiente, sigue siendo la herramienta más poderosa para desarticular bandas criminales.
Instaron a reportar cualquier acto delictivo o persona sospechosa a través de la Línea Única de Emergencias 123, garantizando la confidencialidad. La judicialización efectiva y rápida de estos criminales, como en este caso, depende en gran medida de la información que los ciudadanos puedan aportar para que la justicia actúe.
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