La seguridad en Bogotá se ve afectada por una combinación de factores, siendo uno de los más críticos la falta de espacio en los centros de detención y estaciones de policía para albergar a las personas privadas de la libertad. A pesar de los esfuerzos realizados por las administraciones anteriores y actuales, el problema persiste y se agrava con el paso del tiempo.
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Según los datos proporcionados por la Policía Metropolitana, en promedio se realizan 80 capturas diarias en la capital colombiana. Sin embargo, la capacidad de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las estaciones de policía y las cárceles resulta insuficiente para atender la creciente demanda de cupos para esta población.
El informe más reciente de la Personería de Bogotá revela cifras alarmantes:
- Hacinamiento en las URI: 158,6% (3.174 personas albergadas, cuando la capacidad máxima es de 1.227)
- Sobreocupación en estaciones de policía: 202,9% (2.348 privados de la libertad, con una capacidad para 775 personas)
La Personería destaca la preocupante situación de las URI, que se están transformando en centros de reclusión improvisados, a pesar de no estar diseñadas para este propósito. Estas unidades deberían ser espacios transitorios, donde los detenidos no permanezcan más de 36 horas. Sin embargo, se han encontrado casos de personas condenadas que llevan hasta 4 años en estas instalaciones, cuando deberían estar en centros penitenciarios adecuados.
El panorama en las estaciones de policía es igualmente desalentador. A continuación, se presentan las cifras de hacinamiento en algunas de las estaciones más afectadas:
1. Usaquén: 750% (85 personas, capacidad máxima de 10)
2. Kennedy: 517% (370 personas, capacidad de 60)
3. Bosa: 511%
4. Usme: 400%
5. Ciudad Bolívar: 348%
6. San Cristóbal: 340%
7. Terminal: 330%
8. Rafael Uribe: 238%
9. La Candelaria: 237%
10. Suba: 223%
Este problema no es nuevo en Bogotá. Durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, se realizaron múltiples llamados al Gobierno Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para abordar la situación de hacinamiento carcelario en la ciudad. En aquel momento, el hacinamiento en las URI y estaciones de policía alcanzaba el 265%.
López hizo un llamado público al Ministerio de Justicia, solicitando apoyo para la construcción de más y mejores establecimientos carcelarios. Gracias a estos esfuerzos, se logró destrabar el trámite para que la Nación entregara el predio contiguo a la cárcel La Picota, donde se tiene previsto construir la segunda cárcel Distrital.
A pesar de contar con la única cárcel acreditada internacionalmente en el país, Bogotá sigue enfrentando una crisis de hacinamiento cada vez más intensa. La Procuraduría General de la Nación incluso abrió una investigación a la exalcaldesa López por presuntos incumplimientos en la protección de los privados de la libertad en los centros de detención transitoria.
No obstante, las autoridades de Bogotá han tomado medidas para mejorar las condiciones en los centros de reclusión. Desde 2022, se puso en funcionamiento el Centro Especial de Reclusión, con capacidad para 216 personas, gracias a una inversión de cerca de 17.000 millones de pesos. Además, en febrero de este año, se logró la entrega del predio en La Picota por parte del Ministerio de Justicia para la construcción de una segunda cárcel administrada por Bogotá, que contará con 3.000 cupos y tendrá un enfoque restaurativo.
El Secretario de Seguridad de la ciudad, César Restrepo, ha declarado que este nuevo centro penitenciario será entregado durante el último año de mandato del alcalde Carlos Fernando Galán. Sin embargo, queda claro que el desafío del hacinamiento en los centros de detención y estaciones de policía de Bogotá requiere un esfuerzo sostenido y una colaboración efectiva entre las autoridades locales y nacionales para garantizar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de la libertad.
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