En un giro inesperado en la capital del país, un expolicía se vio en el foco de la atención pública tras neutralizar a dos delincuentes durante un intento de robo el pasado 20 de febrero en Bogotá. Este incidente, que culminó con la muerte de los asaltantes, ha provocado un debate sobre la legítima defensa y las medidas de seguridad ciudadana. El exoficial, aunque liberado, continúa ligado a las investigaciones para determinar la naturaleza de su actuación.
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La secuencia de los hechos, capturada por cámaras de seguridad, revela un momento crítico cuando uno de los asaltantes intentó robar al expolicía dentro de un restaurante. La situación escaló rápidamente fuera del establecimiento, donde finalmente terminó la confrontación.
Videos adicionales proporcionados por testigos evidencian las actividades criminales previas del mismo asaltante en el barrio Santander de Bogotá. Estas grabaciones muestran cómo, armado, el delincuente intimidaba a sus víctimas antes de ser confrontado por el expolicía.
Los registros Policíacos revelan que los delincuentes contaban con un historial de lesiones personales, hurto calificado, fuga de presos y un homicidio datado de 2016, además de estar implicados en varios casos relacionados con armas.
En respuesta a una reciente ola de robos y actos delictivos en Bogotá, la Alcaldía se ha unido a la Policía en un esfuerzo por mitigar la delincuencia. Un llamado a la acción ha sido emitido para que la ciudadanía contribuya con denuncias de cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
La liberación del expolicía abre la puerta a un debate sobre la proporcionalidad de su respuesta ante la amenaza. Mientras algunos expertos sostienen que su reacción calza dentro de un marco de legítima defensa, otros argumentan que el seguimiento y neutralización de los delincuentes en huida podría interpretarse como un exceso.
La disyuntiva reside en si las acciones del exoficial, particularmente al perseguir a los asaltantes fuera del local, excedieron los límites que la normativa colombiana establece para casos de legítima defensa. Esta cuestión es crucial para determinar la legalidad de su intervención.
En el análisis legal, se contempla la posibilidad de que al expolicía se le impute una pena de prisión de entre 15 y 25 años si se considera que actuó más allá de lo permitido en defensa propia. Sin embargo, también existe la perspectiva contraria, argumentada por abogados como Francisco Bernate, quien sugiere que la reacción del expolicía ante los fugitivos no configura una legítima defensa, sino una transgresión más grave por responder a una amenaza ya no inminente.
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