En medio de la polémica judicial que rodea el contrato de operación del TransMiCable en Ciudad Bolívar, se ha revelado que TransMilenio está considerando opciones que podrían poner en riesgo la continuidad del servicio. Esta posibilidad no solo implicaría desafíos legales para la operadora de transporte, sino también una potencial disminución en sus ingresos proyectados.
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El asunto se centra en la demanda contra el contrato entre TransMilenio S.A. y La Rolita, la empresa distrital de transporte público encargada de la operación del cable aéreo de Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Bogotá. Según información obtenida por **EL TIEMPO**, TransMilenio está evaluando proponer un pacto de cumplimiento ante el juez administrativo a cargo del caso. Este acuerdo controversial sugiere la terminación del contrato, lo que tendría significativas repercusiones para la operadora de transporte.
Este plan ha sido presentado a la junta directiva de La Rolita con el objetivo de finalizar anticipadamente el proceso derivado de la acción popular que fue radicada en diciembre pasado. La estrategia de TransMilenio consiste en concluir el contrato interadministrativo de operación y mantenimiento con La Rolita en diciembre de 2025, mientras se llevan a cabo los estudios técnicos y financieros necesarios para abrir una nueva licitación pública.
Sin embargo, esta propuesta ha generado sorpresa en algunos sectores de la administración distrital actual y anterior, quienes están al tanto de la acción popular contra el contrato. Cabe destacar que ha sido la propia administración del Distrito la que ha criticado duramente las decisiones del Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá. Recientemente, se presentó una recusación contra el juez Carlos Enrique Palacios, arguyendo un posible conflicto de interés. Dicha recusación fue negada este lunes por el mismo juez. Además, TransMilenio espera la resolución de una apelación en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El contrato entre TransMilenio y La Rolita fue firmado hace un año, durante la administración de Claudia López, con un plazo de 66 meses (5 años y 6 meses) y entró en vigencia el 29 de diciembre pasado. La Rolita, creada por TransMilenio con el 80% de la participación accionaria, inició operaciones en 2021 y ha estado gestionando rutas del servicio zonal, así como el cable aéreo de Ciudad Bolívar durante los últimos seis meses.
En este tiempo, se han reportado diversas fallas en la operación del cable aéreo, como interrupciones intermitentes del servicio por varios minutos y suspensiones prolongadas, además de daños a las cabinas.
La acción popular que cuestiona el contrato de operación del cable aéreo fue interpuesta por Lucía Bastidas, entonces concejal y actual directora de la Defensoría del Espacio Público. En la demanda, Bastidas solicitó la nulidad del contrato interadministrativo y la realización de un proceso de licitación, argumentando que la falta de convocatoria violaba el derecho colectivo de la moralidad pública. Bastidas también subrayó la falta de experiencia de La Rolita en la operación de sistemas de transporte por cable aéreo.
La líder social María Tránsito Molina coadyuvó la demanda y replicó las preocupaciones de Bastidas respecto a la ausencia de un proceso de licitación y las fallas operativas del cable aéreo. TransMilenio y La Rolita, por su parte, han evitado hacer declaraciones sobre la demanda, aunque una fuente de la alcaldía mencionó que esperan la audiencia reprogramada para el 26 de junio.
Es importante recordar que la operadora de transporte distrital ha insistido en que el contrato interadministrativo cumplió con todos los requisitos legales. En febrero pasado, La Rolita subrayó su confianza en que los argumentos jurídicos y pruebas presentadas ante el juez confirmarían la legalidad del contrato.
Durante el desarrollo de la acción popular, el juez administrativo ordenó medidas cautelares preventivas de oficio, solicitando que se adelante un proceso de selección del contratista para la operación y mantenimiento del cable aéreo y que TransMilenio realice los estudios necesarios para dicho proceso. Esta decisión ha sido criticada por el Distrito, argumentando que el juez no tiene competencias para declarar la nulidad del contrato, aunque sus medidas tienen efectos similares.
TransMilenio, La Rolita y la Secretaría Jurídica han apelado la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que también evalúa el caso contra la creación de La Rolita durante la administración de Claudia López. Según el juez Palacios, después de que se confirme la recusación, podría tomar hasta tres meses para emitir un pronunciamiento de fondo.
El juez Palacios explicó que las medidas cautelares se basan en las graves irregularidades alegadas en la demanda y están diseñadas para proteger el patrimonio de los bogotanos y la moralidad pública. Añadió que su actuación en el caso continuará mientras el Tribunal se pronuncia sobre la apelación a dichas medidas cautelares.
En términos de impacto, una eventual terminación del contrato con La Rolita afectaría significativamente los ingresos proyectados de la operadora y podría exponerla a demandas de proveedores y de más de 200 empleados, la mayoría de ellos mujeres.
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