En una medida sin precedentes, la Corte Constitucional de Colombia ha emitido un mandato dirigido a la Alcaldía de Bogotá, instruyendo la implementación de brigadas de salud integral en los Centros de Detención Transitoria (CDT) de la ciudad. La iniciativa surge tras la solicitud de la Procuraduría General de la Nación y tiene como fin supremo salvaguardar el bienestar de los detenidos.
Durante las recientes inspecciones judiciales ejecutadas por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, se reveló una preocupante realidad en cuanto a la salud de los reclusos. Estas verificaciones forman parte del seguimiento a la sentencia SU-122 de 2022 que determinó un estado de cosas inconstitucional debido al hacinamiento en dichos recintos.
El fallo de la Corte establece una serie de servicios médicos esenciales que deben integrarse de forma urgente dentro de los CDT. Entre los servicios destacados se encuentran:
- El suministro continuo y adecuado de medicamentos.
- Atención prioritaria a urgencias odontológicas.
- Evaluaciones médicas periódicas para prevenir y tratar afecciones.
La orden incluye un énfasis en la inclusión de la población migrante, quienes a menudo se enfrentan a barreras adicionales en el acceso a los servicios de salud.
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La Alcaldía de la capital colombiana se encuentra ante el reto de ejecutar estas brigadas médicas, cuya implementación deberá ser informada detalladamente en un reporte exhaustivo. Este documento deberá contener la siguiente información:
- Detalle de las actividades realizadas por el personal de salud.
- El inventario completo de los servicios médicos proporcionados.
- Un registro minucioso de los casos de salud más críticos identificados durante las intervenciones.
Este mandato de la Corte Constitucional resalta la importancia de la atención sanitaria como un derecho fundamental de todos los ciudadanos, incluso aquellos en situación de detención. Por encima de todo, demuestra el compromiso del sistema judicial con la humanización de las condiciones carcelarias en Colombia, promoviendo un ambiente que no solo sea seguro, sino que también preserve la dignidad y la salud de las personas privadas de la libertad. La Alcaldía de Bogotá está llamada a actuar con diligencia y celeridad para cumplir con lo dispuesto y asegurar que los derechos humanos se respeten en todos los ámbitos de la sociedad.
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