Dos agentes de la Policía Nacional han sido enviados a prisión tras ser señalados de participar en un robo de gran magnitud perpetrado contra un comerciante durante el pasado mes de diciembre. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía, ha arrojado pruebas contundentes que apuntan a la responsabilidad de los uniformados en este delito.
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Según las versiones recogidas, la víctima, un comerciante que habría estado realizando un cambio de divisas en un centro comercial ubicado al occidente de la capital, portaba consigo una suma cercana a los 460 millones de pesos en efectivo. Fue en ese momento cuando fue interceptado por los dos policías en la avenida Primero de Mayo, quienes procedieron a realizar una requisa al individuo, obligándolo a tenderse en el suelo.
Durante el procedimiento, los agentes identificaron la cuantiosa suma de dinero que el comerciante llevaba consigo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación ha generado indignación en la ciudadanía y las autoridades. Cuatro sujetos se acercaron al lugar y, bajo intimidación, despojaron a la víctima del dinero en cuestión. Lo que resulta aún más preocupante es que, aparentemente, los policías no habrían intervenido para detener el acto delictivo, permitiendo que los presuntos ladrones huyeran del lugar.
El juez encargado del proceso ha sido enfático en señalar la gravedad de los hechos, destacando que:
1. Los fotogramas evidencian la llegada de sujetos ajenos a los funcionarios de Policía que abordaron a las víctimas.
2. Una motocicleta se acercó al lugar durante el lapso de tiempo en que ocurrió el robo.
3. Las víctimas manifestaron haber sido despojadas del dinero en ese preciso momento.
Las autoridades han expresado su rechazo ante los comportamientos exhibidos por los uniformados, enfatizando que este tipo de conductas socavan la credibilidad de la Policía frente a la ciudadanía. El juez ha resaltado la gravedad adicional que revisten estos actos, dado que Jairo Mora y Víctor Alonso Barajas, los policías implicados, eran funcionarios encargados de velar por el cumplimiento adecuado de las normas.
Durante la audiencia, los uniformados se abstuvieron de aceptar los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con peculado por uso. Por su parte, los abogados defensores de los policías han interpuesto un recurso de apelación contra la decisión del juez de enviarlos a prisión.
Este caso ha sacudido a la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la integridad de algunos miembros de la fuerza policial. La ciudadanía espera que se haga justicia y que se tomen medidas contundentes para prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
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