La justicia colombiana ha sentenciado a 14 años y 8 meses de cárcel a Henry David Clemente Saavedra, patrullero de la policía, por los cargos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad. Este caso, que data del 7 de julio de 2020, implica la detención y agresión a Davidson Vargas por intentar evadir el pago en la estación Virrey del sistema de transporte de Bogotá, Transmilenio.
Según la Fiscalía, el incidente comenzó cuando el joven Vargas intentó acceder a la estación sin abonar el respectivo pasaje. Al detectar a los agentes policiales, Vargas abandonó su intento, pero fue interceptado por Clemente cuando cruzaba el puente hacia la estación. A pesar de que la víctima no había cometido delito alguno, el patrullero actuó con la presunción infundada de que se trataba de un criminal.
La víctima fue entonces forzada a subir a uno de los autobuses del sistema para ser trasladada a la estación Calle 106, donde Clemente, junto con los auxiliares Brian Camilo Gamboa y César Estiven Daza, cometieron la agresión. Debajo del puente de la calle 106 con autopista Norte fue el escenario de la brutalidad, donde Vargas recibió golpes con bastones y sufrió quemaduras en su cabello.
El ataque fue tan severo que Vargas tuvo que ser trasladado al Hospital Santa Clara para recibir atención médica, debido al cuadro de violencia física que presentaba. Subsecuentemente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó una evaluación que confirmó los signos de tortura.
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Este acto de violencia policial no pasó inadvertido, siendo documentado y denunciado por la ONG Temblores a través de las redes sociales con un video que mostraba la crudeza de la agresión. Temblores ONG también se pronunció sobre los problemas subyacentes dentro de la institución policial, criticando las prácticas y la formación que resultan en una cultura de violencia y desprecio por los derechos humanos.
Las investigaciones de la organización revelan que entre 2017 y 2019, Colombia experimentó 40.481 casos de abuso policial, lo que evidencia la magnitud de este problema. Temblores ONG también demandó la suspensión inmediata de los uniformados implicados en este y otros hechos similares.
La condena de Clemente es un paso importante en el reconocimiento y la lucha contra la violencia institucional en Colombia, aunque sigue siendo un recordatorio de la urgente necesidad de reformas en la manera en que la policía es entrenada y en cómo se respetan los derechos humanos en el ejercicio de la autoridad pública.
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