La reciente inauguración de la nueva sede de la Alcaldía Local de Tunjuelito, con su flamante mobiliario instalado por Industrias Cruz Hermanos S.A., una empresa con lazos financieros con la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, ha abierto un debate sobre las relaciones entre la política y los negocios en la capital colombiana. La política, quien aspira a ser la próxima presidenta del Congreso, ve en la esfera pública un entorno donde su familia ha participado activamente en contratos estatales, que en conjunto, suman cifras millonarias.
Industrias Cruz Hermanos S.A., entidad establecida en 1977, emergió como proveedor destacado de la administración distrital cuando, en 2020, la Alcaldía Local de Tunjuelito, asignó un contrato por $1.505 millones para amueblar la recién estrenada sede. En ese momento, Dorian de Jesús Coquies Maestre, vinculado al Partido Verde y con una cercanía política a la alcaldesa Claudia López, desempeñaba el rol de alcalde encargado y fue quien autorizó el acuerdo comercial.
La compañía, cuyas raíces se extienden al sector de la manufactura de mobiliario y accesorios para el hogar, cuenta como socio principal a Ernesto Cruz Sánchez, quien auspició la campaña política de Angélica Lozano en 2014. Además, figuras como hermanos y primos de la senadora formaron parte de la junta directiva y aportaron fondos para su causa electoral.
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El crecimiento en la reputación de la senadora Lozano se ha visto potenciado por su empeño en promover la transparencia y luchar contra la corrupción política. Pese al resultado de la consulta anticorrupción de 2018 —donde más de 11 millones de colombianos votaron por reformas significativas que no prosperaron—, las empresas asociadas a su entorno familiar han continuado recibiendo contratos del Estado. Desde su llegada al Congreso, Industrias Cruz Hermanos ha obtenido 114 contratos, valiéndose una suma de 19 mil millones de pesos, en transacciones con diversas entidades públicas colombianas.
En la licitación del mobiliario para Tunjuelito, la contienda estuvo reñida entre 12 proponentes. Entre ellos, el Consorcio Inverkyros Mobiliario, de Óscar Julián Lozano Correa —hermano de la senadora— y Kyros Muebles & Diseño Ltda, eran candidatos. A pesar de los esfuerzos, Inverkyros no resultó seleccionado.
Estas conexiones entre las empresas de muebles y las campañas políticas no se dan en un vacío. En junio de 2019, una subasta inversa para provisión de mobiliario en Cali vio competir consorcios afiliados a ambas firmas. El Consorcio Inverkyros Herpol, mancomunado con Óscar Lozano Correa, se alzó vencedor.
Para Óscar Lozano Correa, los contratos con el Estado no son una novedad. Desde la llegada de su hermana al Congreso, Kyros ha firmado acuerdos por más de 8 mil millones de pesos, con un incremento sustancial en su participación comercial desde el último cuatrienio. Cuestion Pública ha rastreado estos contratos que comenzaron a otorgarse un año después de su posesión como congresista.
La coyuntura actual interpela la conducta de los funcionarios públicos y el potencial riesgo de tráfico de influencias. Aunque Angélica Lozano ha negado injerencias en los procesos de contratación pública y ha señalado a las entidades de justicia para investigar estas prácticas, las interrogantes en torno a los lazos comerciales entre la política y sus allegados persisten.
En su declaración de bienes y rentas de 2021, la senadora Lozano identificó el negocio de muebles de su hermano como posible conflicto de interés, no obstante, omitió que Kyros también se ha especializado en la comercialización de comidas y bebidas, expandiendo así su alcance contractual.
Los registros contractuales hasta la fecha indican que no se han identificado nuevos acuerdos con entidades estatales firmados por Kyros desde julio de 2022. Aunque los hechos puedan sugerir la existencia de una red interconectada y de ciertos patrones de contratación, estos eventos serán analizados por las respectivas autoridades para determinar su conformidad con la ley y la ética pública. Mientras tanto, la ciudadanía aguarda respuestas y mayor claridad en un escenario donde la contratación pública y los vínculos familiares generan amplias reflexiones sobre la transparencia y la integridad en la gestión política.
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