Las autoridades capturan y ponen en disposición judicial a dos personas, señaladas como responsables del asesinato de un menor de dos años, en Neiva. Esta en las entidades estatales investigar a fondo situaciones que puedan involucrar amenazas a los sectores más vulnerables, en este caso, la infancia.
La intervención policial se realizó en el barrio San Vicente de Paul, zona ubicada en la comuna 3 de la ciudad, en un operativo conjunto en el que participaron la Policía Metropolitana de Neiva y la Fiscalía General de la Nación. Durante la operación, se logró la captura de Wilson Guerrero, designado como padrastro del menor, y de Karol Méndez, identificada como la madre del niño, quienes se encuentran actualmente bajo proceso judicial por el delito de homicidio.
Este operativo se inscribió dentro del contexto de investigaciones que iniciaron luego de recibir reportes sobre posibles episodios de violencia intrafamiliar en el barrio Eduardo Santos, donde se confirmó el deceso del infante.
Datos sobre como capturan estos delincuentes
En declaraciones oficiales, el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana, enfatizó que la acción se desarrolló de manera coordinada en el barrio, aumentando la eficacia en la respuesta ante hechos delictivos. Entre los datos de relevancia presentados durante el operativo se destacan:
• Ubicación de la captura: barrio San Vicente de Paul, comuna 3 de Neiva.
• Involucrados: Wilson Guerrero (padrastro) y Karol Méndez (madre).
• Contexto: Presunta violencia intrafamiliar derivada en el fallecimiento del menor.
• Colaboración entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana.
El cuerpo médico y los informes de medicina legal han aportado información que sustenta la hipótesis de maltrato infantil. En el primer reporte emitido por el centro de salud CAIMI, se documentaron hallazgos clínicos como la ausencia de signos vitales, rigidez muscular general y livideces en la zona del tronco. A partir de estos indicios iniciales, se enfatizó la necesidad de profundizar en la investigación para identificar el momento y las circunstancias exactas que habrían llevado al triste desenlace. Los análisis posteriores se centraron en determinar si los hallazgos coincidían con un proceso prolongado de agresión.
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El informe de medicina legal resultó crucial para el desarrollo de la investigación, señalando que el menor presentaba diversas evidencias compatibles con episodios de maltrato prolongado. Entre las lesiones observadas, se incluyen fracturas en varias costillas, traumatismos en la región abdominal y marcas que podrían corresponder a signos de tortura. La evidencia recopilada permite enfatizar los siguientes puntos relevantes:
• Presencia de fracturas en múltiples costillas.
• Lesiones en el área del estómago.
• Detección de marcas compatibles con agresiones sistemáticas.
• Indicadores que apuntan a un posible ciclo de violencia que habría afectado al menor desde hace varios meses.
Dentro del desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta que tanto el padrastro como la madre se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía, aparentemente para cooperar y facilitar el avance de las pesquisas, a la vez que solicitaban no ser señalados por la comunidad en relación a los hechos.
Esta circunstancia sumó complejidad al caso, al involucrar una aparente iniciativa de colaboración que contrastó con las evidencias apuntadas en los informes médicos. El proceder de los involucrados se torna especialmente relevante en el contexto de un escenario en el que el bienestar infantil y la protección de derechos fundamentales requieren atención prioritaria.
En el marco procesal, además de la imputación por homicidio, los involucrados enfrentan cargos adicionales que reflejan la gravedad de la situación y el historial en materia de violencia. La Fiscalía ha señalado que las acusaciones se extienden a delitos tales como violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y lesiones personales.
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Entre las medidas adoptadas, se encuentra la solicitud de medidas de aseguramiento en centros judiciales, dado el riesgo que implican para la integridad de otros miembros de la familia. Los hechos han repercutido en un análisis detallado de antecedentes, lo que resalta los siguientes elementos procesales:
• Imputaciones: homicidio agravado y tortura.
• Otros cargos: violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y lesiones personales.
• Medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía.
• Evaluación de antecedentes judiciales de los involucrados.
La respuesta de las autoridades locales ha sido acompañada por declaraciones de representantes de entidades de protección de la infancia. La secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social de Neiva, Clara Eugenia Peña, subrayó que la situación demanda la puesta en marcha de protocolos de denuncia y atención inmediata a casos de maltrato infantil.
En sus declaraciones se enfatizó la relevancia de la denuncia oportuna y la coordinación entre distintas instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las secretarías de la mujer para activar rutas de protección. Entre los llamados hechos, se destacan los siguientes puntos:
• Impulso a la denuncia temprana ante indicios de maltrato.
• Coordinación entre el ICBF y entidades locales.
• Acciones de auxilio en temprana fase, incluyendo auxilios funerarios en casos extremos.
• Reiteración de protocolos de actuación en situaciones de violencia.
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El caso ha motivado una revisión en las estrategias de prevención y atención de la violencia intrafamiliar en la región, resaltando la necesidad de fortalecer mecanismos de vigilancia continua para resguardar a la infancia. Las investigaciones en curso buscan identificar de manera integral todas las circunstancias que rodearon el lamentable suceso y establecer cartografías de riesgo para prevenir futuros incidentes. En este sentido, diversas instituciones han
