La justicia colombiana da un paso adelante en la lucha contra la impunidad. En un fallo histórico, un coronel y tres soldados retirados de las Fuerzas Armadas de Colombia han sido condenados por el asesinato del excombatiente Dimar Torres, quien había dejado las armas tras los acuerdos de paz de 2016. La tragedia del 22 de abril de 2019, en la que un padre que jamás conocería a su hijo, cobra ahora un atisbo de resolución con la decisión judicial anunciada este miércoles.
El caso, que sacudió las bases de confianza en el proceso de reincorporación de exguerrilleros de las FARC, involucra al coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, y a tres soldados, todos fuera del servicio activo, por hechos perpetrados en Convención, en la conflictiva región del Catatumbo, Norte de Santander. Un lamentable recordatorio de lo que los colombianos temían fuesen la reedición de los 'falsos positivos', término acuñado para describir el asesinato de civiles presentados como bajas en combate para inflar estadísticas de éxito contra grupos insurgentes.
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Los lamentables detalles del caso resurgen con la decisión judicial: la orden de asesinato por parte de Pérez, entonces coronel al mando del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11, quien acusó falsamente a Torres de ser un explosivista perteneciente al ELN. La ejecución de Torres, con cuatro impactos de fusil y el intento de ocultamiento de su cadáver en una fosa que fue frustrado por la alerta comunidad local, que denunció bravamente el hecho.
El escándalo se desató con las revelaciones de la prensa y se exacerbó con la defensa inicial del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, que apuntó a un forcejeo entre Torres y los soldados, versión desmentida por los hechos. La presión social y política no tardó en llegar, intensificada por una oposición que exigió cuentas claras y la admisión de responsabilidad que finalmente derivó en la dimisión de Botero.
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