La niñez y adolescencia colombiana enfrenta un severo desafío a su integridad y futuro debido al nefasto fenómeno del reclutamiento forzado. Desde 1985 hasta la fecha, la cifra de menores afectados asciende a más de 9.700, una cifra que refleja no sólo un pasado de dolor sino también el compromiso vigente de erradicar esta práctica de los grupos armados ilegales en Colombia.
En un paso significativo hacia la protección de los menores, el Gobierno del Cambio se une a la comunidad internacional este 12 de febrero, conmemorando el Día de las Manos Rojas, símbolo del rechazo global al involucramiento de menores en conflictos armados, en línea con el protocolo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sandra Alfaro, directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas, destacó la vulnerabilidad histórica de niños y adolescentes en el conflicto armado que se extiende por siete décadas. Enfatizó la importancia de estas conmemoraciones para lograr una reparación simbólica y para reconocer que acciones como el reclutamiento forzado son inaceptables y deben ser prevenidas y sancionadas.
La respuesta del Estado, según el presidente Gustavo Petro Urrego, debe ser doble: reforzar políticas sociales en favor de la infancia y la adolescencia y aumentar la presencia y capacidad del Ejército en zonas donde la amenaza de reclutamiento es más alta.
En una serie de eventos designados "Jornadas de No al reclutamiento", la Unidad para las Víctimas busca sensibilizar sobre la gravedad de este problema y afirmar los derechos de los menores. Estas actividades incluyen la construcción de simbólicas manos rojas gigantes y se llevarán a cabo en diferentes ciudades. El acto inicial se efectuó en la Plaza de Bolívar de Bogotá.
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Además, el 15 de febrero, tendrá lugar un evento especial en el auditorio del Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, y el 16 y 17 de febrero se desarrollarán "Conversaciones territoriales de niños, niñas y adolescentes" en Tumaco y Buenaventura, respectivamente.
Es crucial mencionar que los departamentos más golpeados por el reclutamiento forzado son Antioquia (1.712 casos), Cauca (900), Meta (682), Caquetá (654) y Nariño (612). Estos datos no solamente cuantifican el problema sino que urgen una respuesta decidida y coordinada de toda la sociedad colombiana.
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