El deterioro progresivo y palpable de la seguridad ciudadana en las principales capitales de Colombia y corredores viales del país ha provocado un fenómeno económico y social sin precedentes: un incremento sostenido del 18 % en la demanda de blindaje para vehículos particulares durante el último año.
Según revelan las cifras más recientes de la Policía Nacional y análisis de consultoras de riesgo, Colombia atraviesa uno de sus periodos más críticos de la última década en materia de hurto a personas y bienes, con registros que superan las 309,000 denuncias de hurto a personas solo durante el año 2023, lo que representa un aumento preocupante del 9 % frente al año inmediatamente anterior.
Esta situación de vulnerabilidad generalizada ha llevado a que ciudadanos comunes, ejecutivos, empresarios y propietarios de flotas comerciales busquen en la protección balística una salvaguarda física y psicológica frente a la delincuencia común y organizada, que ha diversificado y violentado sus métodos.
Bogotá: Epicentro del hurto y la demanda de protección
Bogotá se ha consolidado, una vez más, como el epicentro nacional de esta preocupación, concentrando más de un tercio de todos los robos de vehículos que ocurren en todo el territorio nacional.
Durante el primer semestre de 2023, la capital reportó el hurto de 1,908 vehículos, una cifra que contribuyó significativamente al total nacional de 5,299 casos en ese mismo periodo y que refleja una tendencia al alza.
Modalidades delictivas de alto impacto como el fleteo (robo de vehículo con conductor y pasajeros a bordo), el hurto exprés en semáforos y los atracos con armas de fuego en vía pública han erosionado dramáticamente la percepción de seguridad y la sensación de control al transitar.
Un estudio reciente de Fenalco Bogotá indicó que el 46 % de los comerciantes de la ciudad no se siente seguro en sus zonas de trabajo, especialmente en corredores críticos como la calle 13, la Autopista Norte y la Avenida Boyacá, donde la incidencia de estos delitos es mayor.
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Colombia: Entre la percepción y la ingeniería
Ante esta vulnerabilidad cotidiana, la industria del blindaje ha visto un flujo constante y creciente de clientes que buscan reforzar sus camionetas SUV, vehículos ejecutivos y automóviles familiares.
Alan Perlman Katz, presidente de la firma especializada Neosecurity, explicó que la decisión de blindar un vehículo está "directamente relacionada con la percepción de inseguridad y con la evaluación de riesgos específicos de movilidad", buscando reducir la exposición y crear una cápsula de seguridad durante los desplazamientos cotidianos o de trabajo.
Actualmente, los niveles de protección más solicitados son el III y el IV, los cuales incluyen refuerzos balísticos integrales en vidrios laminados de alta resistencia, carrocería con aleaciones especiales y neumáticos run-flat, diseñados para resistir ataques con armas cortas de medio y alto poder y permitir maniobras de escape controlado ante una amenaza inminente, incluso con los neumáticos desinflados.
Un proceso técnico y normativo riguroso
Sin embargo, el proceso de blindaje no es solo una cuestión de resistencia física o un lujo discrecional; es un procedimiento de ingeniería de alto nivel y cumplimiento normativo estricto.
Pola Valderrama, directora operativa de Neosecurity, subrayó que estas modificaciones requieren evaluaciones técnicas exhaustivas para garantizar que el peso adicional de cientos de kilos de materiales no comprometa el funcionamiento mecánico del vehículo, su centro de gravedad, la suspensión, los frenos y, por ende, la seguridad dinámica de sus ocupantes.
Cada vehículo blindado debe pasar por rigurosas pruebas y contar con certificaciones que avalen su seguridad integral.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades por contener la criminalidad con mayores operativos y tecnología, el blindaje vehicular se mantiene como una de las estrategias de autoprotección preventiva más recurrentes y costosas en el sector privado, proyectándose como una tendencia al alza mientras persistan los altos índices de violencia urbana y la percepción de impunidad en el país.
Esta industria refleja una cruda realidad: la búsqueda de seguridad ha pasado, para un segmento de la población, de ser una responsabilidad exclusiva del Estado a convertirse en una inversión privada necesaria para transitar con un mínimo de tranquilidad.
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