El panorama en el Ecobarrio La Esmeralda, al sur de Bogotá, ha cambiado tras la notificación oficial referente al desalojo de la Granja La Marielita. La disposición, emitida desde la administración distrital, establece como fecha máxima para la ejecución el próximo 10 de marzo. Esta decisión ha generado reacciones en diversos sectores comunitarios y en representantes de organizaciones enfocadas en la protección y bienestar animal.
Desde hace más de dos décadas, la Granja La Marielita ha operado bajo la gestión de la Fundación Sociocultural Emmanuel y el apoyo de residentes del barrio. El espacio ha sido un punto de referencia para la recuperación y resguardo de animales víctimas de maltrato y abandono, entre quienes se cuentan conejos, patos, gansos y gallos que antiguamente eran utilizados en peleas, así como otras especies. A diferencia de otras instalaciones rurales, los animales del santuario no se destinan a la reproducción, venta ni consumo.
De acuerdo con la información revelada, el acceso a la granja trasciende el propósito de rescate animal. El lugar funciona además como centro educativo y de apoyo emocional que recibe constantemente a niños, jóvenes y adultos, entre ellos estudiantes de instituciones educativas y universitarias. Las actividades que se desarrollan en este entorno realzan el respeto por todas las formas de vida y promueven el aprendizaje sobre la relación entre las personas y la naturaleza, contribuyendo a la cualificación de prácticas en temas ambientales y de bienestar animal.
Los datos clave sobre la labor de la Granja La Marielita incluyen:
- Alberga 113 animales rescatados, entre ellos gallos, conejos, patos y gansos.
- Ha operado durante más de 20 años con base en el trabajo comunitario del Ecobarrio La Esmeralda.
- Sirve como lugar de encuentro para prácticas educativas de colegios y universidades de la zona.
- Provee espacios de apoyo emocional para distintos grupos poblacionales.
- Recibió reconocimientos previos por parte de la Secretaría de Ambiente distrital por su gestión en protección animal y prácticas ambientales.
La medida de desalojo fue señalada por miembros de la comunidad y la senadora Esmeralda Hernández como carente de soporte judicial vigente, destacando que la operación de la granja ha sido objeto de reconocimientos institucionales y premios por parte del gobierno distrital. A partir de la denuncia pública sobre la posible afectación de los proyectos comunitarios, la preocupación principal radica en el bienestar de los animales y el impacto en la oferta educativa y socioambiental de la localidad.
El voluntariado que apoya el funcionamiento cotidiano de la Granja La Marielita enfatiza procesos internos de vacunación y control sanitario de los animales, además del otorgamiento de nombres y la construcción de identidad para cada uno de los ejemplares. Estas dinámicas se han articulado con procesos pedagógicos que integran jardines infantiles, colegios y universidades, donando herramientas para reflexionar sobre la coexistencia en medio urbano e impulsando la cohesión social en el sector.
El anuncio sobre la orden de desalojo contempla la convocatoria a una mesa técnica para el día 19 de febrero. En este encuentro participarán representantes de la administración distrital, incluyendo el IDRD, el IDIPYBA, la Secretaría de Ambiente Distrital y el ICA, con el fin de exponer la situación y explorar posibles alternativas a corto plazo. La comunidad local y actores interesados han mostrado interés en asistir como apoyo a la defensa de este espacio, argumentando la relevancia del refugio en las dinámicas de educación y protección animal.
Entre las voces participantes se resalta la de Jhon Alexander López, voluntario de la granja, quien expresó inquietudes sobre el destino de los animales en caso de llevarse a cabo la medida. Señaló, además, la relevancia del proceso educativo y la implicación directa en la construcción de relaciones más armónicas entre sociedad y entorno, que han caracterizado el modelo de trabajo comunitario del santuario desde su creación.
La coyuntura coloca la atención sobre la situación de los animales rescatados y continúa siendo objeto de análisis por parte de distintos grupos sociales y entidades responsables. El cronograma estipulado por el Distrito fija el límite para la ejecución de la medida en el 10 de marzo, por lo que el desarrollo de los hechos será de seguimiento para la comunidad y las organizaciones involucradas.
Todo lo anterior se produce en el contexto de debates nacionales sobre políticas públicas relacionadas con bienestar animal y ordenamiento territorial en zonas urbanas de Colombia, en donde la interacción entre proyectos comunitarios y la administración pública adopta dimensiones que trascienden la protección de fauna y abren escenarios sobre el uso y destino del espacio público en las ciudades.
