La propuesta presidencial busca descongestionar las prisiones. Igual, estaría contemplando una rebaja de condenas para algunos delitos, y el cambio de figura frente a los daños durante las protestas populares; esos hechos dejarán de ser calificados como terrorismo.
El documento se encuentra bajo redacción del Ministerio de Justicia, y es probable que en el curso de la próxima semana sea presentado oficialmente al Congreso.
Se conoce la iniciativa en momentos que el país se siente acorralado por la creciente ola de atracos, varios de los cuales dejan heridos graves y víctimas fatales. En opinión de buen número de ciudadanos a través de las redes sociales, la mayoría de esos casos son protagonizados por delincuentes dejados en libertad.
Apartes del proyecto advierten sobre la intención de bajar de 60 a 40 años la pena máxima. Propone, además, que “las conductas desarrolladas en el marco de la protesta no serán consideradas como actos de terrorismo”, según transcriben medios naciones.
Esa política ya se está aplicando
El punto refleja, en parte, los trámites con los cuales la Casa de Nariño se encuentra excarcelando a varias personas puestas tras las rejas por hechos violentos durante el último paro nacional.
“… el ejercicio de la libertad de reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de concierto para delinquir, en sus modalidades simple o agravada”, plantea el borrador de la propuesta.
El proyecto en redacción le quitaría el rótulo de delito penal a hechos como “la injuria, la calumnia y el fraude en inscripción de cédulas”.
Anuncios previos del proyecto
Sobre la intención del presidente Gustavo Petro en excarcelar a algunos condenados a fin de evitar gastos en la construcción de prisiones, se supo en agosto pasado. “El Gobierno no gastará un solo peso en construir cárceles”, señaló entonces el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Ese día (18 de agosto 2022), el funcionario hizo cuentas bajo el argumento que, actualmente, el Estado gasta diariamente $2 millones y medio en el sostenimiento de cada prisionero. “Con ese dinero podemos hacer algo más”, subrayó.
Su pronunciamiento se conoció a propósito del foro anticorrupción convocado en la Universidad Externado. “Cuando esté listo el proyecto de descriminalización o despenalización de algunas conductas, esas personas van a salir reintegradas a la sociedad”, señaló entonces Osuna Patiño.
Sobre la corrupción y otros delitos
Explicó que quienes sean cobijados con esa figura podrán “ejercer sus derechos, a trabajar y a abandonar ese mundo de corrupción del que seguramente fueron artífices, pero también fueron víctimas”.
Según esa teoría y como lo observó un internauta, eventualmente, entonces, tendrían razón la exministra TIC Karen Abudinem; y Emilio Tapia. Es su momento y con diferentes argumentos, ambos se declararon víctimas dentro del robo de $70 mil millones por el Caso “Centros Poblados”.
Otro tanto podría registrarse con los Nule y los hermanos Moreno Rojas. Y muchos otros sucesos de las mismas características tal como lo muestran algunas opiniones en las redes sociales.
Los casos de microtráfico también quedarían amparados con la nueva medida según la exposición de agosto anterior.
Quienes sean atrapado “con pequeñas dosis de estupefacientes para comerciar claro que actúa en contra de la ley”, dice. Pero “está siendo parte de una cadena criminal mucho más grande de la cual es víctima. Algunos me dirán ¿entonces este gobierno va a soltar presos?”, señaló el Ministro de Justicia.
Recursos para otros frentes
La exposición del funcionario insistía en que el Presidente Petro no quería aumentarle gastos al Estado. “Este gobierno no quiere gastar un sólo peso en construcción de nuevas cárceles; no es prioritario construir nuevas cárceles. Queremos sí, disminuir el hacinamiento y tenemos que pensar en alguna forma para disminuir el número de personas en las cárceles”, insistió.
“Que aprendan un oficio; aprendan un arte, consigan un empleo. Una persona que se pueda rehabilitar”, reiteraba Osuna Patiño. Sí insinuó la posibilidad de aumentar el número de jueces, de tal forma que la nómina pueda acercarse a los estándares internacionales. En sus cuentas, el país debería tener actualmente, unos 20 mil administradores de justicia.
En alguna parte se habló, incluso, en la reparación a las víctimas de robo; por ejemplo. Pero, ¿y si la víctima muere? ¿A quién reparará el responsable? Esos interrogantes alimentarán el debate que, de seguro, será intenso los próximos días.
- Le puede interesar: Cundinamarca: Comienzan obras de Regiotram de Occidente en Bogotá
