Ecuador enfrenta un momento de alta tensión debido a la actividad de grupos armados, calificados como "narcoterroristas" por el gobierno, que ha llevado al presidente Daniel Noboa a tomar medidas drásticas para mantener el orden. Entre las iniciativas más recientes, destaca la propuesta de deportar a 1.500 reclusos a Colombia, medida anunciada durante una entrevista en Canela Radio y que busca la cooperación internacional frente a desafíos comunes en seguridad.
El presidente Noboa fue enfático al señalar que la mayoría de estos presos son de nacionalidades colombiana, peruana y venezolana, y que su deportación se realizará conforme a acuerdos internacionales preexistentes. Esta medida no solo busca descongestionar las cárceles ecuatorianas sino también fortalecer la colaboración judicial entre países vecinos.
Simultáneamente, el mandatario reveló planes para la construcción de dos nuevas cárceles de alta seguridad en las provincias de Pastaza y Santa Elena. Las nuevas instalaciones, que replicarán modelos exitosos en México y El Salvador, como el CECOT salvadoreño, son parte de un proyecto integral para la mejora del sistema penitenciario.
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En medio de la situación actual, algunos grupos armados buscan el amparo en los tratados internacionales de Derechos Humanos, lo que ha sido fuertemente criticado por el Presidente Noboa, quien mencionó el reciente secuestro de 40 personas y la toma de un canal de televisión, TC Televisión. Las declaraciones del mandatario buscan dejar claro que el gobierno no cederá ante las demandas de las bandas armadas y reforzó su compromiso con la seguridad de los ciudadanos.
El gobierno ecuatoriano, según el Presidente Noboa, clasifica a estas bandas armadas como "objetivos militares", y los militares tienen la obligación de neutralizarlos bajo un decreto presidencial, que también incluye la participación de las Fuerzas Armadas en acciones militares, siempre respetando los Derechos Humanos y el derecho internacional humanitario.
Rafael Oyarte, constitucionalista, aporta claridad al explicar que la declaración de un estado de excepción por "conflicto armado interno" cambia la naturaleza de la intervención de las fuerzas públicas, asignando a las Fuerzas Armadas el papel principal y a la Policía Nacional un rol de apoyo.
El presidente Noboa, quien recuerda que este es un momento difícil para el país, se ha comprometido a proteger a los ciudadanos con firmeza y a aplicar una política de cero tolerancia hacia los gobiernos tibios en cuestiones de seguridad nacional. Además, afirmó que el Estado reducirá gastos para poder llevar a cabo todas las medidas necesarias durante este estado de excepción, contando con asistencia internacional.
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