En algunos municipios serían elegidos candidatos impuestos por la guerrilla y grupos paramilitares, según el fiscal Francisco Barbosa. Sus apreciaciones se escucharon a propósito de Foro de Garantías Electorales que se cumple en Bogotá.
La charla permitió establecer la percepción que tienen las autoridades, sectores políticos y la población estrechamente comprometidos con el desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre próximo.
En su mayoría, las voces apuntan a que el debate electoral en departamentos y municipios enfrenta una amenaza “seria” a manos de organizaciones armadas con quienes el Gobierno trata de lograr acuerdos que pongan fin al conflicto armado.
La sesión, convocada por El Tiempo, se ocupó de analizar los efectos que dentro de la expresión democrática puedan ejercer las “evidentes presiones” de grupos armados dentro de las poblaciones.
Incluso, desde algunos municipios se han conocido denuncias sobre amenazas y presiones que han llevado a que varios candidatos hayan renunciado a sus aspiraciones por esa causa.
Las amenazas a las elecciones
Una de las exposiciones más severas fue entregada por el fiscal Francisco Barbosa. “Tenemos (…) un mapa de riesgo electoral donde hay más o menos unos 261 municipios en riesgo alto, 494 en riesgo medio, y 366 en riesgo bajo”, dijo.
Ante esa circunstancia, formuló urgente llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas de prevención que protejan la participación democrática de los colombianos. Precisó que la organización de las elecciones no debe recaer únicamente en el Registrador Nacional del Estado Civil, sino que debe contar con la colaboración de todo el Estado. Considera que esa intervención debe contar, fundamentalmente, con la presencia del Ejército Nacional y la Policía Nacional.
El fiscal expresó su preocupación por lo que llama falta de una política de seguridad coherente y la atomización de las Fuerzas Militares, lo que ha llevado a situaciones problemáticas en algunas áreas del país.
Considera que en municipios con alto riesgo electoral, es probable que la población se vea forzada a votar por un solo candidato debido a las presiones ejercidas por grupos armados ilegales. Esta situación, advirtió, podría dar lugar a procesos judiciales relacionados con lo que se ha denominado "bacrim-política" y "parapolítica".
Observaciones de la MOE
Para la Misión de Observación Electoral, las zonas más críticas se ubican en 1.852 puestos de votación, particularmente aquellas urnas asignadas a territorios rurales. Allí, ante la presencia de grupos armados irregulares, se requieren planes especiales de seguridad.
Considera la MOE que existen cerca de 200 puestos en donde las autoridades deben mira con “lupa” lo que viene sucediendo y, de ser necesario, proceder al traslado de mesas de votación.
Otro punto sobre el cual expresa preocupación tiene que ver con la financiación de las campañas, asunto que considera “perverso”. Sin embargo, considera que asumir esa tarea es asunto complicado.
Percepción del Consejo Nacional Electoral
Esa instancia considera que pueden existir problemas en la “financiación ilegal” de las campañas. Insinúa que, además de la trashumancia electoral, existe la circulación de dineros irregulares en el proceso eleccionario.
"Se está ejerciendo la función constitucional para la inspección y vigilancia, visitando las campañas políticas para revisar libros y registros", explicó Alejandra Barrios, directora del MOE. Considera que no hay “confianza y capacidad institucional para gobernar en estas elecciones”.
La Defensoría del Pueblo
En consideración de Carlos Camargo Assis, titular de esa entidad, el Gobierno debe contrarrestar el crecimiento de los grupos armados organizados que, hoy, se han expandido en un 50 por ciento en el territorio nacional.
Igual, y en ese mismo orden, considera fundamental que se fortalezcan las respuestas de la institucionalidad frente a la “evidente” presión de los grupos armados irregulares. "Hay que lograr mejorar la coordinación entre los diferentes niveles y el Gobierno Nacional", subrayó.
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Observó, a renglón seguido, que desde el Gobierno Nacional se conoce “mucho papel, mucha retórica y muy poco resultado". Insiste en que la Casa de Nariño “tiene la obligación de organizar las políticas públicas”.
Los comentarios de la Registraduría Nacional
Uno de los puntos de preocupación desde esa entidad tiene que ver con la “ciberseguridad” en etapa electoral. Alexander Vega considera que “el Gobierno debería preocuparse por el orden público y que las elecciones salgan bien".
Estima que las disidencias de las FARC, el ELN y otras organizaciones similares mantienen sus enfrentamientos en busca de dominar territorios, lo cual obliga al desplazamiento y el traslado de urnas. Sobre éste último punto, de producirse, considera que sería “una derrota para el Estado”.
Puntalmente, Vega se refirió al caso de Buga, departamento del Valle. Dijo que allí, por todo lo anterior, la presidente del Tribunal Superior le informó que “no van a designar personal para escrutinio en esta ciudad por las amenazas” reseñadas.
*Imágenes tomadas de El Tiempo
