En el marco de la reciente suspensión temporal del decreto de ajuste del salario mínimo para 2026, determinada por el Consejo de Estado, el Gobierno nacional reiteró su compromiso de defender el salario vital y mantener el incremento del 23,7% aprobado meses atrás. La decisión se formalizó en una nueva jornada de reuniones de la Comisión de Concertación, donde participaron representantes de gremios empresariales, centrales obreras y altos funcionarios del Ejecutivo.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el diálogo entre los sectores social y empresarial se desarrolló de manera abierta, permitiendo intercambiar posiciones sobre el ajuste salarial próximo. Sanguino remarcó que existe un amplio respaldo, tanto de los empresarios como de las centrales sindicales, a la idea de conservar el porcentaje de aumento anunciado previamente, que fue cuestionado mediante la suspensión de la norma en curso. El funcionario subrayó además la determinación gubernamental de sostener el salario vital, alineando la política nacional con los mandatos establecidos por la Constitución.
Por su lado, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, recalcó el carácter adquirido del denominado salario vital, enfatizando que constituye un derecho de los trabajadores. Señaló que el proceso de concertación ha significado un esfuerzo conjunto entre Gobierno, centrales obreras y empleados, enfocado en alcanzar consensos con miras a fortalecer la equidad y reducir las desigualdades económicas presentes en la sociedad.
Durante la sesión, se difundieron datos sobre la opinión mayoritaria entre los empresarios respecto a la necesidad de preservar el incremento. Desde el sector privado, los delegados manifestaron que sería poco apropiado expedir un nuevo decreto que altere el porcentaje ya establecido, dado que las empresas y las familias han iniciado su incorporación en las respectivas estructuras de ingresos y gastos. Por su parte, las centrales sindicales se pronunciaron en términos similares, reafirmando el respaldo al porcentaje fijado y su interés en mantener estable el entorno laboral.
La discusión técnica sobre el salario contempló las siguientes variables principales:
- La meta de inflación del Banco de la República para 2026 (3%)
- El crecimiento de la productividad, medido y certificado por el Dane a través del Comité Tripartito de Productividad
- La participación salarial en el ingreso nacional durante 2025
- El comportamiento del Producto Interno Bruto, que creció un 2,6% según los reportes oficiales
- La inflación real registrada en 2025
Sanguino aclaró que estos factores fueron objeto de revisión y forman parte de los fundamentos para la toma de decisiones, en conformidad con el modelo de salario mínimo vital y móvil consagrado en la Constitución. Se destacó la importancia de proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores y preservar el equilibrio en el mercado laboral colombiano, principios que guiaron el debate en la mesa de concertación.
Desde la perspectiva legal, funcionarios gubernamentales reafirmaron que la posición oficial se estructura únicamente sobre la base del concepto de salario mínimo vital y móvil, procurando así respetar el marco normativo colombiano. Asimismo, anunciaron que el Gobierno llevará a cabo los análisis económicos requeridos por el Consejo de Estado para responder a la suspensión temporal del decreto y expedirá en breve un documento provisional que permita brindar certidumbre mientras avanza el proceso judicial.
Entre los elementos sustanciales que fueron discutidos durante la reunión de la Comisión de Concertación, se incluyeron:
- La función social de la empresa y la salvaguarda de los derechos laborales fundamentales
- Los objetivos constitucionales en materia de orientación económica estatal
- La necesidad de garantizar una remuneración mínima que conserve su poder adquisitivo real
Adicionalmente, el Gobierno Nacional señaló que el incremento del salario mínimo responde también a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre salario vital. Esto constituye una adecuación de las políticas internas a los estándares internacionales en materia de derechos laborales.
En el ámbito social, el presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a manifestar apoyo a la política salarial mediante concentraciones en espacios públicos. El llamado a la participación busca expresar respaldo a la medida mientras se definen los alcances legales del incremento y se resuelve el proceso judicial pendiente. El Ejecutivo reiteró que actuará conforme a las decisiones emanadas de las autoridades correspondientes, con la premisa de preservar la estabilidad de la clase trabajadora y evitar alteraciones en la economía nacional.
Finalmente, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Hacienda recalcaron que la política de incremento busca integrar criterios de justicia y equidad, con base en la convergencia de los distintos sectores involucrados en la concertación. Se prevé que, durante el tiempo en que persista la suspensión, se mantendrá la interlocución entre empresas, sindicatos y autoridades estatales, asegurando así la protección de los derechos laborales y la continuidad de las negociaciones en el ámbito nacional.
