En una movida sin precedentes, el Ministerio de Salud de Colombia ha puesto en jaque a la integridad del sistema de salud al instaurar una acción judicial contra un grupo de 21 Entidades Prestadoras de Salud (EPS), incluyendo algunas de las más reconocidas como Sanitas, Nueva EPS, Salud Total y Sura. La acusación radica en la supuesta vulneración del acceso a la seguridad social en salud y en la prestación de servicios de manera efectiva y oportuna, según informó el ente gubernamental este domingo.
Centrándose en el aspecto financiero, el Ministerio argumenta que las EPS han fallado en sostener las reservas técnicas necesarias, un colchón económico vital para la atención médica de los usuarios. Un informe de la Superintendencia de Salud, basado en datos de septiembre de 2023 proporcionados por las mismas EPS, expone su incumplimiento en este aspecto crucial.
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Desde el lado de las EPS, la respuesta no se ha hecho esperar. Ana María Vesga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), ha manifestado su postura a través de la plataforma X. La dirigente recalca la importancia del diálogo técnico y refiere que Acemi ha buscado convertir a las EPS en Gestoras y ha abierto canales de conversación para explicar asuntos como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y analizar en profundidad las bases de las reservas técnicas.
Este enfrentamiento pone sobre la mesa el desafío constante de equilibrar las finanzas y la prestación de servicios de salud. La acción judicial del Ministerio es una clara señal de la urgencia de transparencia y responsabilidad financiera en el sector, mientras que la defensa de las EPS subraya el amplio espectro de factores que afectan la viabilidad económica del sistema de salud. Los ojos del país están puestos en esta confrontación, que no solo tiene implicaciones legales sino que también podría afectar el bienestar de millones de colombianos confiados al cuidado de dichas entidades.
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