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Hallazgos fiscales en el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio

por: Sala de Redacción

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La Contraloría General advirtió sobre hallazgos fiscales sobre los dineros del magisterio administrados por el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio.

De la novedad se supo mediante reporte de la CG, una vez cumplió una auditoría especial a los manejos de los dineros durante el 2022. La evaluación fue adelantada por grupo especial en ese tipo de procedimientos administrativos.

Dijo que tiene duda sobre los trámites que el Fomag le dio a cerca de $125 mil millones, una suma con la cual se deben cancelar las prestaciones sociales de los educadores.

Entre otras cosas, según el organismo que vigilancia de los dineros oficiales, hace referencia a que los administradores de esos dineros de los docentes no tienen cuentas claras en varios aspectos.

Los hallazgos fiscales de la Contraloría

Uno de ellos tiene que ver con el “pago inoportuno de facturas de servicios médicos para los profesores, lo cual ha generado intereses moratorios por un total de $116.104 millones. Esta situación ha lesionado el patrimonio público en una cifra considerable”.

Además, durante el año 2022 se identificó el reconocimiento y pago inoportuno de 5.772 cesantías, lo cual también ha generado un detrimento en el patrimonio público.

También, determinó la CG que se pagaron sanciones moratorias por un valor de $6.706 millones, correspondientes a pagos tardíos de cesantías en años anteriores.

Otro aspecto preocupante es el desembolso inoportuno para cumplir fallos y conciliaciones, lo cual ha generado intereses moratorios adicionales por un monto de $2.741 millones.

Además, se han evidenciado mayores pagos en concepto de pensiones, cesantías y sanciones moratorias, sumando otros $118.338 millones a las posibles pérdidas de dineros públicos.

En total, esta Auditoría Financiera reveló un total de 15 hallazgos, 12 de los cuales tienen presunta connotación disciplinaria. Otros dos se relacionan con irregularidades en los reportes requeridos periódicamente, los cuales fueron trasladados al Ministerio de Salud y Protección Social.

Fallas de orden técnico

De todo la Contraloría informó a la Superintendencia Nacional de Salud. La entidad auditada no exigió la constitución de reservas técnicas, lo cual genera riesgos en la prestación del servicio.

Como resultado de estos hallazgos, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio recibió una calificación final de Control Interno "CON DEFICIENCIAS"; le otorgaron un puntaje de apenas 1.9.

Paralelamente, la Contraloría emitió opiniones contables y presupuestales con salvedades. Además, se ha concluido el proceso de fiscalización de la cuenta del FNPSM del año 2022.

Ante estos hallazgos, el contralor Delegado para el Sector de Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Andrey Geovanny Rodríguez, entregó llamados. Pidió ahondar en los análisis sobre el manejo en el Fondo de Prestaciones del Magisterio.

Casos puntuales

El hallazgo fiscal de mayor cuantía corresponde a la “inoportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos a los profesores”, este aspecto que, insiste la Contraloría, generó “el pago de intereses moratorios por $116.104.030.527 y lesionando el patrimonio público en esta cuantía”.

Paralelamente, el año pasado “se evidenció el reconocimiento y pago inoportuno de 5.772 cesantías. Así mismo, se determinó detrimento al patrimonio por el pago en esa misma vigencia de sanciones moratorias por $6.706.249.801”.  

De otra parte, el pago extemporáneo de fallos y conciliaciones se cancelaron intereses moratorios por $2.741.036.674.  Al igual, se evidenciaron mayores valores pagados por concepto de pensiones, cesantías y sanciones mora por $118.338.005.

Destacó la importancia de garantizar la adecuada gestión de los recursos de los profesores y la necesidad de evitar los fallos y pagos tardíos que han generado sanciones moratorias.

La Contraloría se declaró a la espera de que “estas irregularidades” sean corregidas en el Fomag. Busca, de esta manera, “salvaguardar los recursos destinados a los docentes y garantizar una gestión eficiente y transparente en el manejo de las prestaciones sociales”.