En un giro judicial que captura la atención nacional, Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, se encuentra en el ojo del huracán legal tras ser acusado por la Fiscalía de dos graves delitos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La determinación del juez Hugo Junior Carbonó Ariza, del Segundo Especializado de Barranquilla, marca el inicio de un proceso judicial que culminará con las audiencias preparatorias fijadas para finales de abril de 2024.
La defensa de Petro Burgos, enfrentada a fuertes acusaciones, tiene el desafío de refutar los argumentos fiscales que parecen conducir inexorablemente hacia una condena. A tres meses y medio de las audiencias, las perspectivas parecen sombrías para el primogénito del mandatario.
El análisis de Julián Quintana, eminente jurista y exdirector Nacional del CTI, pronostica una alta probabilidad de sentencia condenatoria para el exdiputado del Atlántico. Quintana destacó a Infobae Colombia la solidez de los argumentos fiscales, subrayando el robusto sustento probatorio que acompaña la acusación formal.
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Las investigaciones se centran en los flujos financieros de Petro Burgos, quien enfrenta interrogantes sobre la procedencia de vastas sumas de dinero que no concuerdan con sus ingresos declarados. La Fiscalía señaló que durante 2022, realizó gastos millonarios en bienes raíces, vestimenta y artículos de lujo, montando a un total de 1.205 millones de pesos. Esta cifra contrasta con los 280 millones de pesos que declaró como ingresos por su función legislativa, dejando un vacío de 1.053 millones de pesos sin justificación aparente.
La acusación sostiene que el origen de estos fondos es oscuro y potencialmente ilegal. Petro Burgos ha admitido recibir cantidades de figuras controversiales: Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro; Alfonso del Cristo Hilsaca Elajdue, conocido como El Turco; y el político Máximo Jose Noriega Rodríguez, anterior aspirante a la Gobernación del Atlántico por el Pacto Histórico.
El reto para la Fiscalía es demostrar de forma irrefutable que los delitos imputados se ajustan a la conducta fiscalizada. Se busca evidenciar un incremento patrimonial sin justificación, apalancándose en el hecho de que los lujosos gastos del investigado no corresponden a sus legítimos ingresos. Según Quintana, los elementos constitutivos de los delitos alegados son manifiestos, especialmente destacando el enriquecimiento ilícito de un servidor público.
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