En un giro procesal clave, este jueves se marca el comienzo del proceso disciplinario contra el Canciller Álvaro Leyva Durán, liderado por la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, Leyva Durán se ausentará de la importante cita. Su representación legal recaerá en las manos del abogado Yefferson Dueñas, quien atenderá las alegaciones frente a las supuestas infracciones cometidas por el Ministro, preliminarmente categorizadas como severas y presuntamente intencionales.
El epicentro de las indagaciones se encuentra en las decisiones administrativas tomadas durante la licitación de pasaportes del año 2023. Específicamente, la primera infracción investigada se refiere a la decisión del Canciller de declarar desierta dicha licitación, la cual ya tenía un adjudicatario preliminar en la firma Thomas Greg & Sons. Dicha anulación carecía, aparentemente, de la fundamentación técnica y jurídica adecuada, socavando los cimientos de la transparencia en procesos contractuales del Estado.
Le puede interesar: Gobierno Inaugura Parque Solar de 387 Hectáreas en La Loma, Cesar.
Paralelamente, la Procuraduría pone bajo la lupa la declaración de urgencia manifiesta efectuada por Leyva Durán en el transcurso de la misma licitación, la cual le permitió adjudicar directamente y sin proceso de licitación, la expedición de los pasaportes durante un año.
Además de estas faltas, se espera que el ente de control indague sobre la falta de voluntad del Canciller para llegar a un acuerdo conciliatorio con la compañía Thomas Greg & Sons tras la cancelación de la licitación. Este último punto es de especial interés, dado que el Estado, a partir de la declaratoria de urgencia, podría enfrentar onerosas indemnizaciones a dicha empresa, bajo la cual opera actualmente el servicio de expedición de pasaportes.
El caso ha desencadenado una honda polémica en el Gobierno Nacional, no sólo por la controvertida cancelación de la licitación sino también por el manejo dado a la situación por parte de Leyva con respecto a la firma Thomas Greg & Sons.
Cabe destacar que desde el 24 de enero, Álvaro Leyva se encuentra apartado de sus funciones ministeriales por un período de tres meses, medida impuesta por la Sala Disciplinaria de Instrucción con la finalidad de proteger la integridad del proceso y prevenir la repetición de conductas cuestionadas. Frente a su suspensión, la defensa del Canciller ha promovido una acción de tutela, argumentando que la Procuradora General, Margarita Cabello, habría incurrido en un prejuzgamiento, afectando las garantías procesales del implicado. Un fallo favorable en la tutela conduciría a su restitución en el cargo durante las audiencias.
Le recomendamos leer: Golpe al Crimen y Protección al Medio Ambiente: Incautación de Maquinaria Ilegal en el Cauca
