En las sombras de las protestas que sacudieron el corazón de Bogotá tras el trágico final de Javier Ordóñez, la capital colombiana aún busca cerrar heridas. Mientras las voces de las víctimas y sus familias resuenan en un llamado a la justicia y el arrepentimiento público, la Policía Nacional se mantiene firme en su posición: solo una sentencia judicial podría obligarla a una disculpa formal.
El destino de Julieth Ramírez, una joven estudiante con sueños truncados por una bala perdida supuestamente de origen policial, es una dolorosa ilustración de la tragedia. Este caso, aún sin una persona señalada específicamente por la justicia, es uno entre varios que languidecen en los pasillos judiciales mientras las familias aguardan respuestas.
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Harold Ramírez, quien carga el peso del dolor paternal por el asesinato de su hija, ve una justicia esquiva que se desliza a través de las grietas de un sistema lento y burocrático. Con una indagación que no parece avanzar, refleja un sentir generalizado entre quienes ansían algún tipo de cierre tras los violentos sucesos.
Estos datos reflejan no solo las cifras frías de un proceso judicial, sino también la espera de quienes confían en un sistema para obtener al menos algún grado de consuelo a través de la verdad y la responsabilidad.
El acto de reconocimiento del ministro de Defensa Iván Velásquez y la alcaldesa Claudia López, celebrado el pasado 9 de septiembre de 2022, fue un estandarte de progreso para algunos, pero insuficiente para la mayoría de las víctimas que exigen más que un gesto simbólico. La Policía, cuyo nombre retumba en la polémica, se abstiene de extender palabras de perdón salvo que un mandato judicial lo exija, pese a las recomendaciones claras de la Relatoría 9S.
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