Una nueva puerta se ha abierto para las madres y padres cabeza de hogar que se encuentran recluidos en prisión, gracias a la reciente aplicación de una normativa que les permitirá obtener su libertad. La ley de utilidad pública, que está detrás de este cambio trascendental en la justicia penal, ha concedido su primer beneficio a una mujer en el Tolima, sentenciada por hurto, quien ha demostrado tener fuertes lazos familiares y ofrecer un valioso aporte a la comunidad.
El proceso es supervisado por jueces de ejecución de penas, quienes evalúan cada caso individualmente, asegurándose de que los delitos cometidos no sean graves y de que exista un compromiso genuino con la familia y la sociedad. La ley estipula que los beneficiarios deben dedicar al menos 18 horas semanales, de lunes a viernes, al servicio comunitario.
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El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña, ha destacado el potencial de esta ley para fomentar una reflexión profunda en comunidades afectadas por la marginalidad y la criminalidad. El Ministerio de Justicia y del Derecho mantiene un seguimiento riguroso para garantizar la seriedad y efectividad en la ejecución de estas medidas.
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