En un despliegue jurídico significativo, la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido rechazar más de 30 acciones de tutela que pretendían invalidar la admisión del controvertido exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, catalogado ahora como "gestor de paz". En un detallado proceso de revisión, los magistrados de dicha sección han evaluado las implicaciones de incorporar a Mancuso bajo el estatus de "miembro funcional de la fuerza pública", cuestionado por un conjunto de exmilitares.
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Estos exintegrantes de la fuerza pública habían argumentado que su voz no fue considerada y que la JEP estaba errando en su comparación entre las acciones legítimas de las fuerzas militares y los comportamientos criminales asociados a Mancuso. Sin embargo, la compilación de estas demandas en un solo expediente y su subsiguiente análisis han llevado a una conclusión unánime: las tutelas eran improcedentes.
El fundamento de este rechazo se basa en la determinación de que no hubo vulneración alguna de los derechos al debido proceso ni a la administración de justicia, como lo manifestaban los demandantes. El proceso de admisión de Mancuso fue descrito por la JEP como un ejercicio de deliberación lejos de ser arbitrario o infundado. Por el contrario, se destacó su naturaleza participativa y el apoyo en una vasta documentación que incluye:
Con la implementación de estos recursos, la decisión sobre la figura de Mancuso ha quedado revestida de argumentos sólidos y transparentes. En consecuencia, la JEP ha mantenido su posición, negando las pretensiones de los demandantes y reafirmando la estabilidad de la admisión del exparamilitar como un paso más en el complejo camino hacia la paz.
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