No tienen garantías de seguridad para trabajar. El traslado del personal fue confirmado por el fiscal Francisco Barbosa, en respuesta al plagio de tres de sus subalternos y una empleada del poder judicial en esa población.
Según narró el funcionario, el caso ocurrió el pasado viernes (3 de febrero) mientras la comisión, de la cual hacían parte las víctimas, fue secuestrada por 12 hombres fuertemente armados.
Se desplazaban entre Cáceres y Valdivia, norte de Antioquia, cuando fueron interceptados por una cuadrilla aparentemente perteneciente al Clan del Golfo que opera en la zona.
Lo delicado consiste en que esa organización criminal fue incluida por el presidente Gustavo Petro en la lista de grupos con quienes se adelanta la llamada “Paz Total”. Quiere decir que ellos estarían obligados a mantener el cese de hostilidades.
No hubo reacción de las autoridades ante el secuestro
Punto más preocupante lo constituye en el hecho de que los secuestrados y captores hubiesen cruzado retenes uniformados sin ninguna dificultad. “La cuadrilla de paramilitares atravesó tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”.
Ante esa circunstancia, advirtió el fiscal Barbosa, llamará a declarar a los responsables de la seguridad en la zona. Tendrán que explicar la actitud de la autoridad. Su intención es determinar si “hubo colaboración (complicidad)” de los uniformados.
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La organización paramilitar autora del secuestro se encuentra bajo órdenes de alias “Gonzalito” quien sería el sucesor de alias “Otoniel” extraditado a los Estados Unidos.
Éste mismo hombre (Gonzalito) hace parte de una lista de 26 hombres a quienes el gobierno Petro pidió les levantaran las órdenes captura. Sin embargo, esa solicitud no ha podidos ser aplicada debido a la negativa de la Fiscalía para suspender las instrucciones encaminadas a detenerlo.
Imparten órdenes de captura
Otro anexo a lo sucedido consiste en una nueva decisión legal. Un Juez de Control de Garantías expidió, esta misma semana, nueva orden de captura contra el mismo paramilitar por estos hechos de plagio. Lo acusan de “secuestro agravado”.
El nuevo episodio se suma a otros aún más delicados, en opinión de analistas nacionales. Hace pocas horas el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció el ingreso de las disidencias de las Farc a escuelas rurales al norte del departamento. Ocurrió en la escuela El Bosque de la vereda El Cedeño, nor-oriente de Yarumal.
Adelantaron juegos e hicieron trabajos de limpieza en el área de la institución, un asunto que fue tomado como parte de una estrategia dirigida a ambientar el reclutar menores y ganar simpatizantes.
El hecho fue puesto en conocimiento del Jefe de Estado pero, según dicen en Medellín, , hasta el momento no se conocen pronunciamientos formales del Gobierno Central. Tanto del presidente Petro como los ministros de Defensa, del Interior y de los mismos comisionados de paz han guardado silencio.
La misma cuadrilla es acusada del asesinato de tres jóvenes en Campamento y otro en el mismo Yarumal. En otros sucesos similares, al sur del país, grupos de guerrilleros de las disidencias ingresaron a Balboa, cuando la población se encontraba en plenas ferias y fiestas.
Recorrieron las calles y ordenaron la suspensión de los eventos programados para el resto de ese día. La Policía se mantuvo en cuarteles y no se observó ningún movimiento del Ejército, según indicaron los mismos pobladores.
Sobre este evento tampoco se conoció pronunciamiento oficial desde la Casa de Nariño o de otros despachos del alto Gobierno a quienes les corresponde analizar el tema.
