Colombia, un país marcado por su histórica lucha contra los cultivos ilícitos, se encuentra ante un horizonte transformador gracias a la iniciativa gubernamental que propone la asociatividad de los campesinos cocaleros como herramienta fundamental para una política efectiva de sustitución de cultivos. Atrás quedan las estrategias aisladas, sin impacto significativo, heredadas de administraciones previas. Hoy, el director de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Felipe Tascón, destaca en "Entrevistas con Alma de País" la importancia de proyectos colectivos que involucren a comunidades enteras.
En este contexto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha puesto su mirada en proyectos asociativos que marcan la diferencia al integrar a toda una vereda, consejo comunitario o cabildo indígena. En palabras de Tascón, la meta es avanzar más allá de un único beneficiario, transformando la relación del Estado con las comunidades en una verdadera sociedad de apoyo mutuo.
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La apuesta por el cambio se plasma en los artículos 10 y 11 del Plan Nacional de Desarrollo, que permiten al Estado contratar directamente con asociaciones populares y comunales, así como a las comunidades renegociar la ejecución de proyectos del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS).
Tascón resalta la urgencia de actuar, puesto que entre 2017 y 2018, se erradicaron 46.000 hectáreas de coca, sin cumplir con los compromisos adquiridos por el Estado. El nuevo programa de sustitución de economías ilegalizadas busca resolver deudas pendientes con los beneficiarios y reinventar el enfoque para producir resultados tangibles.
La política de antaño, enfocada en el individualismo, no hizo más que perpetuar la problemática. Hoy, según el funcionario, hay una crisis de precios en los cultivos de coca que, paradójicamente, abre una ventana de oportunidad para la implementación de proyectos innovadores, apoyados fuertemente por la voluntad colectiva de las comunidades afectadas.
Felipe Tascón concluye destacando que la nueva política no sólo repara las omisiones del pasado, sino que también inspira un futuro en el cual la colaboración y la asociatividad son claves para lograr soluciones duraderas en la sustitución de cultivos ilícitos, un paso crucial para la paz y el desarrollo sostenible en zonas históricamente golpeadas por este fenómeno.
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