Se ha presentado una actualizaci贸n en el caso de corrupci贸n de Centros Poblados, resonando en las redes sociales y los medios de comunicaci贸n, que involucra a la exministra de las TIC, Karen Abudinen. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha tomado una nueva decisi贸n acerca de las medidas cautelares urgentes establecidas el 13 de septiembre de 2021.
Recordando el caso, la Procuradur铆a General de la Naci贸n present贸 una demanda para resguardar los derechos e intereses colectivos que se cre铆an vulnerados por el contrato entre el consorcio Centros Poblados y el Ministerio de Tecnolog铆as de la Informaci贸n y las Comunicaciones. Esta acci贸n legal ha experimentado un giro reciente.
El Tribunal ha decidido cesar el proceso tras considerar como inapropiado el medio de control de protecci贸n de derechos e intereses colectivos que la Procuradur铆a General defend铆a. Destaca el fallo del Tribunal, el cual dice que ya no tiene las competencias para continuar con la demanda, observando la existencia de otros litigios similares en el sistema judicial.
En ese sentido, la responsabilidad de valorar los incumplimientos y perjuicios causados al Ministerio recae ahora en el juez de la Secci贸n Tercera del mismo Tribunal. Esto significa que la decisi贸n sobre la acci贸n popular ya no compete al Tribunal.
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Hasta el momento, la acci贸n iniciada en el 2021 hab铆a congelado $85.945.938 que permanec铆an en las cuentas oficiales de la Uni贸n Temporal. Este dinero formaba parte de un dep贸sito judicial hecho por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Para comprender el origen del esc谩ndalo de Centros Poblados:
Los primeros indicios de irregularidades se revelaron en junio de 2021 con un contrato firmado por el Ministerio de las TIC y la Uni贸n Temporal. El primer conflicto surgi贸 cuando Centros Poblados present贸 garant铆as falsas, obteniendo un anticipo de 70.000 millones.
Tras estos eventos, se declar贸 la caducidad del contrato y se produjo la dimisi贸n de Karen Abudinen, la entonces Ministra de las TIC. Organismos como la Fiscal铆a, Procuradur铆a y Contralor铆a iniciaron investigaciones que a煤n siguen en curso.
Es relevante recordar que este proyecto fue revelado por la cabeza del ministerio en diciembre del 2020. El plan era conectar 7.277 centros digitales, con un presupuesto de 1,7 billones, seg煤n datos de Transparencia por Colombia.
El esc谩ndalo obtuvo tracci贸n cuando se evidenciaron los primeros incumplimientos del consorcio, quienes deb铆an entregar varios centros para el 30 de abril de 2021. Hasta aquella fecha, no se hab铆a instalado ning煤n punto digital de los m谩s de 7.000 prometidos.
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