La Procuraduría General de la Nación ha intensificado su postura en contra de las prácticas indebidas en la administración pública con un nuevo castigo impuesto a Rodolfo Hernández Suárez, exalcalde de Bucaramanga y figura conocida en el ámbito político. Esta vez, el organismo de control lo encontró culpable de emitir comentarios difamatorios y de conducta inmoral hacia otro servidor público.
Durante una transmisión de su espacio "Hable con el Alcalde", Hernández Suárez proyectó expresiones deshonrosas contra el exmandatario de Floridablanca, Héctor Mantilla, acusándolo de ser "mentiroso" entre otros calificativos, acto que contraviene el principio de moralidad que exige la Constitución Política de Colombia a los servidores públicos.
La falta, calificada como grave con culpa gravísima, le ha costado a Hernández Suárez una sanción de suspensión de cualquier cargo público por tres meses, con la obligación de remunerar el equivalente a $41.207.226.
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El historial sancionatorio contra el exfuncionario se extiende al 16 de noviembre de 2023, cuando la Procuraduría reafirmó una destitución e inhabilidad de doce años. La razón detrás de esta decisión es la manipulación indebida en la asignación de un contrato de manejo de residuos en Bucaramanga durante su mandato entre 2016 y 2019.
La Procuraduría evidenció que las acciones de Hernández representaron un claro desvío de la función pública hacia beneficios personales y no al bienestar colectivo, condenando la conducta como falta gravísima realizada con intención dolosa.
Además, el órgano disciplinario enfatizó que estos actos ajustan a la definición de corrupción según los estándares internacionales y que combatir estas prácticas corruptas es un deber constitucional y legal, reafirmando el compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción que afecta a la sociedad colombiana.
En este sentido, el caso de Rodolfo Hernández resalta el imperativo de la Procuraduría General de la Nación de salvaguardar la integridad y la ética en el servicio público, tomando medidas firmes contra aquellos servidores que desvirtúan su rol en búsqueda de provecho propio en desmedro del interés general.
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