La región de Sumapaz se ve amenazada por una preocupante contaminación debido a la desatención de sus plantas de tratamiento aguas residuales (PTAR). Estas instalaciones, diseñadas para la limpieza y tratamiento de las aguas residuales, están mostrando serias señales de negligencia y ocasionan considerables daños ecológicos en la región. La Personería ha identificado posibles daños fiscales y disciplinarios, que serán medidos por la Contraloría Distrital, la Fiscalía y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
Las dos plantas de tratamiento residuales ubicadas en el páramo más grande del mundo, llevan 13 y siete años respectivamente en estado de inactividad. Este hallazgo ha motivado a la Personería de Bogotá a publicar un informe enfocado en la problemática de contaminación ecosistémica, causada por el abandono de las plantas San Juan y La Unión.
El personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón ha expresado su pesar por el estado de abandono de las instalaciones. En referencia a la planta de la Unión, indicó que, aunque las labores de instalación nunca se culminaron, ha transcurrido un lapso de siete años esperando la aprobación para comenzar su funcionamiento, después de que la obra se detuviera en 2015 por incumplimiento del contrato. La planta de San Juan, por otro lado, ha pasado 13 años esperando el mantenimiento necesario para su funcionamiento óptimo.
La mayor preocupación en este escenario es que, a lo largo de este tiempo, en lugar de funcionar como establecimientos de tratamientos de agua, las PTAR de Sumapaz se han convertido en focos de contaminación. Este abandono, además, ha tenido un efecto perjudicial en las familias residentes en la zona, dado que ha motivado la contaminación de ríos y corrientes y ha dejado sin agua potable a nueve hogares.
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De acuerdo a la Personería, la planta de la Unión es la que ha ejercido mayor perjuicio a la región. Al no estar operativa, la contaminación se acumula en un pozo séptico de la planta, sobrepasándolo y contaminando el río San Juan, afluyente del río Sumapaz. Pero la amenaza persiste, pues debajo de la planta se ha producido una acumulación de agua, que genera un potencial riesgo de deslizamiento que puede afectar a las poblaciones aledañas.
A nivel institucional, la Personería ha urgido a las autoridades correspondientes a tomar acciones frente a esta situación. Pese a que la Secretaría de Hábitat llevó a cabo inspecciones en 2018 a la PTAR San Juan e identificó las problemáticas, no se ha procedido con la implementación de ninguna medida. Analítica similar fue presentada en el caso de la Unión, donde el ente consultor declaró que la planta no es apta para funcionar, aún sin definir una estrategia para los cimientos que hoy generan contaminación en los afluentes.
La Personería ya ha entregado sus respectivos informes a la Fiscalía y Contraloría, luego de revisar la situación y detectar posibles situaciones de tipo disciplinario, fiscal (presunto detrimento patrimonial) y penal en relación con el manejo de las plantas.
La problemática pone en primer plano el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la comunidad. Aunque la alcaldía local está realizando análisis técnicos, jurídicos y financieros para reiniciar las operaciones de las PTAR, hasta la fecha no se han visto acciones concretas que remedien el daño ecológico y garantizen la salubridad de los habitantes de Sumapaz.
La alarma disparada por el perjuicio ambiental y a la salud pública de los residentes de esta región hace un llamado a acelerar los esfuerzos dirigidos a la recuperación y optimización de las plantas de tratamiento; un asunto que ha sido discutido en encuentros ciudadanos y que cuenta con asignación en el presupuesto participativo del Plan de Desarrollo Local.
Las instancias de control están en el deber de responder y tomar acciones para remediar una situación que afecta tanto al entorno natural como a la vida y bienestar de los habitantes de Sumapaz.
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