La Procuraduría General de la Nación (PGN) absolvió al exalcalde de Zipaquirá, Luis Alfonso Rodríguez Valbuena, y al exsecretario de Planeación, Carlos Alfonso Castillo Garzón. Este fallo, logrado gracias a la gestión del abogado Juan Sebastián Briceño Torres, revirtió las sanciones impuestas en primera instancia, marcando un precedente en materia disciplinaria.
Inicialmente, los exfuncionarios fueron sancionados por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, acusados de incurrir en faltas graves relacionadas con la legalidad y moralidad pública. Las acusaciones se basaron en el Decreto 120 de 2016 y la Circular 01 del mismo año, expedidos durante el mandato de Rodríguez Valbuena. Dichos documentos modificaron disposiciones relacionadas con el “Plan parcial del suelo de expansión del sector de Algarra” y fueron señalados como emitidos de manera irregular.
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No obstante, tras una revisión exhaustiva, la ‘Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular’ determinó que ambos documentos cumplían con los marcos legales vigentes en ese momento. El abogado Briceño Torres presentó recursos que evidenciaron la legalidad de las acciones de sus defendidos, lo que resultó en la absolución dictada en septiembre de 2023.
Este fallo no solo beneficia a los exfuncionarios involucrados, sino que también establece un precedente en la revisión de casos disciplinarios. Subraya la capacidad de la Procuraduría para corregir sus propias decisiones cuando las pruebas y los argumentos legales así lo respaldan.
Además, el caso pone en evidencia la importancia del debido proceso y de la defensa técnica en situaciones donde las primeras decisiones pueden no reflejar adecuadamente los hechos y las normativas aplicables. Según Briceño Torres, este resultado es un ejemplo de cómo la constancia y la persuasión pueden llevar a decisiones más ajustadas a la realidad jurídica.
Impacto en la función pública de Zipaquirá
La absolución de Rodríguez Valbuena y Castillo Garzón resalta la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la ley en la administración pública. También invita a reflexionar sobre el impacto de los procesos disciplinarios en la vida de los servidores públicos, reafirmando la necesidad de realizar evaluaciones objetivas y apegadas a la normativa vigente.
El caso es un recordatorio de que las decisiones administrativas, aunque iniciales, no son definitivas y pueden ser objeto de revisión. Este precedente podría influir en futuros procesos, promoviendo una mayor confianza en las instituciones y en el sistema de justicia disciplinaria de Colombia.
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La Procuraduría General de la Nación continúa siendo una pieza clave en la supervisión de las actuaciones de los servidores públicos, y casos como este refuerzan la importancia de garantizar el respeto por los derechos de los involucrados y la correcta aplicación de la ley.
