Ciento setenta y seis kilos de marihuana fueron decomisados por la Policía en Agua de Dios. Del golpe al narcotráfico se supo en reporte del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey Ángel.
Sin entregar detalles, el mandatario dijo que el cargamento cayó en poder de las autoridades mediante operativo nocturno de las últimas horas. El resultado se suma a otros decomisos, acumulando más de una tonelada de yerba sacada del mercado en Cundinamarca y el centro del país.
Comentó que el balance de esta última acción deja en claro el propósito del Gobierno Seccional por mantener lejos de las calles esta clase de delitos, cuyos efectos golpea buena parte de la sociedad.
Análisis de expertos señalan que, en alto porcentaje, estos delitos, contrario a las tesis de algunos sectores del alto Gobierno, la venta y consumo de alucinógenos le da origen a buena parte del crimen.
Limitaciones al consumo de Marihuana y alucinógenos
Remitiéndose a justificaciones que se apartan de las tesis del presidente Gustavo Petro, algunos alcaldes de Cundinamarca adoptaron o comenzaron a fijar estrategias para restringir el uso de estupefacientes.
Los municipios más poblados y cercanos a Bogotá, apenas se posesionaron los nuevos mandatarios, fueron anunciadas medidas especiales para limitar el uso de alucinógenos. Amplia tajada de la demanda se fija en la marihuana, cocaína, el bazuco y otras sustancias cuyos efectos son devastadores dentro de la salud de los consumidores.
De acuerdo a los estudios y evaluaciones de los expertos, tomando como base la información de inteligencia de la Policía Nacional, numerosos son los escenarios que facilitan ese mercado.
Las ventas se registran, con mayor frecuencia, en los parques, zonas comerciales, discotecas y cercanías a las vías de transporte. Además, ha surgido una tendencia creciente hacia la entrega a domicilio, adaptándose a las nuevas dinámicas de consumo.
Según datos recogidos en medios cercanos a la Gobernación de Cundinamarca, varias son las ciudades aprovechadas por los mercaderes de narcóticos.
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Los municipios más afectados por el comercio y consumo de drogas incluyen a Soacha, Zipaquirá, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, Chía, Madrid, Tocancipá, Guaduas y Mosquera, todos ellos cercanos a la capital.
A pesar de que se reconoce ampliamente la existencia del problema, falta una estrategia clara para abordarlo de manera efectiva, consideran algunos analistas del peligroso fenómeno. Evaluaciones adelantadas por ciertos medios de comunicación nacionales sugiere, sin embargo, que la falta de un estudio concienzudos dificulta el seguimiento y la intervención en estos mercados ilegales.
Las mismas consideraciones estiman que la Fuerza Pública ha llevado el peso de las acciones para combatir el comercio de drogas, pero que no ha sentido el apoyo del Ejecutivo para hacerle frente al problema. Prueba de ellos son las sucesivas incautaciones como la que acaba de suceder en Agua de Dios.
Durante los últimos años, particularmente el período de post-pandemia entre el 2021 y el 2022, se desmantelaron 22 organizaciones criminales, al igual que la captura y judicializaron a 165 de sus miembros.
Esta parte de la tarea ha dejado esos resultados en virtud de los programas de recompensas, colaboración ciudadana y operativos de la Fuerza Pública. Además, se logró la ocupación de cuatro inmuebles, la detención de 1.432 expendedores y el desmantelamiento de seis laboratorios de cocaína.
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Uso de alucinógenos golpea las juventudes
Reportes frescos de las autoridades, particularmente de la Policía, indican que el consumo de estupefacientes entre los adolescentes y jóvenes viene en ascenso en varias regiones del departamento.
Pareciera ser que los municipios de Girardot, Fusagasugá y Ubaté están sintiendo con mayor fuerza la demanda de alucinógenos entre jóvenes con edades que oscilan entre los 16 a 25 años.
Más preocupante aún, señalan reportes oficiales, es el hecho de que las redes de microtráfico no solo buscan consumidores en este grupo demográfico, sino también reclutarlos como vendedores.
Durante 2023, las autoridades arrestaron a más de 170 personas en los 86 municipios de Cundinamarca por delitos relacionados con porte, tráfico o fabricación de estupefacientes. Esa circunstancia argumentó una solicitud para que, precisamente, fueran adoptados controles severos en los entornos escolares.
Otros municipios que deben pasar a condiciones de alerta son Tocancipá, Gachancipá, Chía y Zipaquirá. Estas dos últimas ciudades, precisamente, anunciaron medias especiales contra el uso de alucinógenos en varios espacios públicos.
