En el marco de las políticas de transformación económica en el Catatumbo, el Gobierno nacional ha puesto en marcha un innovador programa de sustitución de cultivos ilícitos que va más allá del mero cambio de una planta por otra. La iniciativa, impulsada bajo la dirección de Gloria Miranda Espitia, se orienta a promover una transición integral que contempla financiación para proyectos productivos, acompañamiento en la comercialización de los productos y un paquete de beneficios sociales que incluye vivienda y acceso a educación superior. Este enfoque multifacético busca redefinir el panorama rural, integrando a los agricultores a la legalidad y fomentando un desarrollo sustentable en zonas tradicionalmente afectadas por cultivos de uso ilícito.
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El programa se diferencia de subsidios convencionales al ofrecer a los agricultores proyectos productivos que requieren una inversión estimada entre 15 y 20 millones de pesos. Este capital inicial está pensado para ser autosustentable en el mediano plazo, una vez que el proyecto comience a generar rendimientos. Además, el plan incluye un acompañamiento especializado que garantiza la entrada de los productores en cadenas de valor, potenciando la comercialización de sus productos en mercados legales. Esta propuesta responde a la instrucción directa del presidente Gustavo Petro, fortaleciendo la apuesta de un Gobierno orientado a transformar la estructura productiva de las zonas rurales.
El nuevo enfoque no se limita a la sustitución de cultivos, sino que abarca toda la cadena económica en la que se insertan los productores. En lugar de competir con las economías ilegales, la estrategia se centra en mejorar la calidad de vida de los campesinos y en favorecer la pacificación del territorio. Con ello, se busca crear un escenario en el cual la legalidad sea una opción económicamente viable, ofreciendo alternativas que integren actividades económicas legales y sostenibles. Este modelo de intervención apunta a cambios profundos en la dinámica rural, promoviendo un desarrollo que combina productividad, innovación y cohesión social.
Uno de los pilares fundamentales del programa es la erradicación de 25,000 hectáreas de hoja de coca, acompañada de un incentivo monetario de 1,280,000 pesos durante 12 meses. Una vez que los cultivos alternativos de ciclo corto comiencen a dar sus primeros rendimientos, o se proporcione apoyo a quienes ya disponen de cultivos alternativos, el Gobierno facilitará la transición mediante asistencia técnica en la comercialización y transformación de los productos. Este mecanismo de pago y apoyo integral está diseñado para garantizar que los productores encuentren en el sector legal una opción rentable y sostenible a largo plazo.
Dentro de las estrategias de valor agregado, el programa se orienta a transformar productos agrícolas en derivados con mayor potencial de mercado. Por ejemplo, se plantea la transformación del cacao en chocolate o de otros productos en sus versiones procesadas para aumentar los márgenes de ganancia y diversificar el portafolio de oferta. Al igual que en el caso de la coca, que habitualmente se comercializa transformada en pasta base, los productos legales recibirán un tratamiento similar en términos de valorización, asegurando la logística de transporte y la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la producción.
La asociatividad entre los campesinos se configura como un elemento clave para garantizar el éxito de la estrategia. El Gobierno ha enfatizado la importancia de la organización a través de cooperativas y asociaciones productivas, facilitando la integración de productores que optan por sustituir sus cultivos. Este método colaborativo no solo fomenta la unión de los productores, sino que también posibilita la creación de plantas transformadoras administradas por entidades locales. De esta forma, se asegura que tanto quienes cultivaban hoja de coca como los productores de otras cadenas productivas puedan beneficiarse del mismo esquema de apoyo.
El plan se sustenta en cinco fortalezas estratégicas que buscan transformar la realidad del sector agropecuario en la región. Estas fortalezas incluyen:
1. Encadenamiento productivo, que abarca desde la producción hasta la comercialización, evitando la pérdida de valor en cada eslabón de la cadena.
2. La promoción de la asociatividad mediante organizaciones productivas, que posibilitan la formación de volúmenes significativos para la agroindustria.
3. Prioridad en la participación de las mujeres, reconociendo su manejo adecuado de los recursos y potenciando su rol dentro del sector.
4. Incremento del valor agregado a los productos, con estrategias que no se limitan a la producción primaria, sino que impulsan la transformación y comercialización de productos terminados.
5. La consolidación de alianzas estratégicas con el sector privado, integrando a grandes empresas y a asociaciones locales en el proceso productivo.
La propuesta del Gobierno se orienta a potenciar sectores estratégicos para el desarrollo integral del Catatumbo. Entre los componentes sociales que complementan la estrategia, se menciona el fomento de planes de mejoramiento de vivienda, la construcción y reparación de carreteras y el aseguramiento de cupos en educación superior. Estas medidas están diseñadas para crear un entorno favorable que permita a los campesinos no solo sustituir cultivos, sino también mejorar su calidad de vida a través de la integración a programas de desarrollo social. La combinación de incentivos productivos y sociales representa un intento de ofrecer una alternativa robusta a la economía de la ilegalidad.
La integración del sector privado se presenta como otro elemento diferenciador del programa. Asociarse con empresas de alta trayectoria, como Nutresa, y con pequeñas asociaciones del territorio, permite abrir nuevas rutas de comercialización y acceder a tecnologías y conocimientos que fortalecen la cadena de producción. Con esta alianza, se busca crear un ecosistema productivo en el que converjan esfuerzos del Estado, el sector privado y las organizaciones campesinas, asegurando una transición integral hacia economías legales y sostenibles. Este esquema de colaboración multiparte apunta a consolidar un modelo replicable en otras regiones que comparten problemáticas similares.
En síntesis, el programa de sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo se configura como una estrategia integral de desarrollo rural que incorpora aspectos productivos, sociales y logísticos para transformar la realidad de los campesinos. La implementación de un paquete de beneficios pensados para fomentar el crecimiento económico y social, junto con el énfasis en la asociatividad y la colaboración entre múltiples actores, plantea una alternativa estructurada al tradicional modelo de subsidios
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