En un significativo avance hacia la equidad y la eficiencia en el acceso a la justicia para las comunidades rurales, el Senado de la República ha aprobado la conciliación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural. Este hito legislativo se alcanzó en la sesión plenaria de este jueves, justo antes de concluir la legislatura del primer semestre del año.
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La normativa tiene como objetivo central la protección de la propiedad rural, tal como lo expresó el ministro de Justicia, Néstor Osuna. "El proyecto de ley no incluye ninguna disposición que permita la expropiación de tierras. Su función principal es la creación de jueces especializados en resolver disputas y aplicar el derecho vigente que protege la propiedad rural", aclaró Osuna, subrayando que no se modifica la legislación sustantiva sobre la propiedad, sino que se añade un mecanismo adicional para su protección.
El próximo paso para esta iniciativa será su revisión por parte de la Corte Constitucional y, posteriormente, la sanción presidencial por parte de Gustavo Petro. La ley establece una estructura judicial que incluye jueces de circuito y tribunales agrarios, y define criterios específicos para la ubicación de estos despachos. Entre las zonas prioritarias se encuentran:
Además, se crean centros de apoyo técnico especializado, formados por profesionales de diversas disciplinas, que asistirán a los jueces en sus labores. Una figura novedosa es la del facilitador agrario, quien brindará orientación gratuita a los potenciales usuarios de la justicia agraria.
La provisión de los cargos para jueces y magistrados se realizará mediante concursos de méritos, enfocándose en expertos en derecho agrario, administrativo y ambiental. Este sistema garantiza la calidad y especialización de los funcionarios que integrarán la nueva jurisdicción.
No obstante, aún queda pendiente la discusión de la ley ordinaria que definirá los aspectos operativos de la jurisdicción. Entre estos, se incluirán los requisitos para presentar demandas y los procedimientos para la práctica de pruebas, aspectos esenciales para el funcionamiento efectivo de este nuevo marco legal.
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