El coronel retirado Élmer Fernández, de 57 años y actual director de la cárcel La Modelo en Bogotá, fue asesinado el pasado jueves mientras se dirigía a su hogar en horas de la tarde. El suceso ha generado un impacto significativo en el contexto de la ya crítica situación penitenciaria en Colombia.
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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó la noticia del homicidio y anunció que se llevará a cabo un operativo para capturar a los responsables. Además, aseguró que se implementarán medidas para reforzar la seguridad en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en un intento por prevenir futuros incidentes similares.
Las primeras imágenes del atentado muestran un vehículo oscuro con una marca de bala en una de sus ventanillas, sugiriendo que el ataque fue perpetrado por individuos en una motocicleta. Este modus operandi resalta la planificación y premeditación del acto.
El coronel Fernández, que se retiró de la policía en 2017, había asumido la dirección de La Modelo apenas seis semanas antes de su asesinato. Durante este breve tiempo, su gestión estuvo marcada por una serie de reformas y controles estrictos sobre los reclusos, incluyendo requisas regulares. Estas medidas, según informes de la prensa local, le habían valido múltiples amenazas.
En el contexto de una emergencia penitenciaria en el país, el asesinato de Fernández subraya las tensiones y desafíos estructurales que enfrentan las instituciones encargadas de la administración de justicia. La implementación de reformas en los centros penitenciarios no solo es un tema de orden interno, sino también de seguridad para quienes las implementan.
Las acciones anunciadas por el ministro buscan no solo esclarecer este caso, sino también enviar un mensaje claro sobre el compromiso del gobierno con la justicia y la seguridad institucional. Estos esfuerzos son cruciales en un momento en que las cárceles colombianas están bajo un escrutinio intensificado por diversas problemáticas, incluyendo el hacinamiento y la corrupción.
La comunidad penitenciaria, así como el público en general, espera que las medidas propuestas sean efectivas y que se logre un avance en la protección de los funcionarios encargados de implementar las necesarias y valientes reformas.
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