En una reciente investigación realizada por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), en colaboración con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, se han detectado irregularidades significativas en la estructura de contratación de la entidad. La directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, anunció los resultados preocupantes de una auditoría forense, la cual desentrañó incongruencias en 220 contratos manejados por 59 operadores distintos, pero con patrones de similitud alarmantes.
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Estas similitudes abarcan detalles como un único representante legal para múltiples contratos, direcciones de domicilio coincidentes, formatos de constitución idénticos, fechas de constitución similares, y errores en el objeto y alcance de estos contratos.
Además, se encontraron discrepancias en las nóminas reportadas al instituto, donde el importe declarado excede el monto real pagado a los colaboradores. Se suma a esto la presencia de documentación presuntamente falsificada, cuyo propósito era validar la experiencia de los operadores encargados de la atención a la primera infancia.
La directora Cáceres resaltó una correlación directa entre los operadores bajo sospecha y un incremento en los casos de muertes de niños asociadas a la desnutrición, detallando que la entidad ha cesado contrataciones con dichas instituciones, en busca de fortalecer la veeduría ciudadana y asegurar la transparencia en la asignación de recursos destinados a la niñez.
Se destacó, además, el incumplimiento en el objeto de los contratos, particularmente en lo que respecta al número de niños atendidos versus los cupos financiados, señalando que en algunos casos se reportó la ejecución de proyectos en plazos menores a los establecidos, lo que resultaba en la omisión de pagos a proveedores, mientras que los cargos al ICBF se realizaban como si se hubiese cumplido con los tiempos acordados.
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