*Una pausa del bloqueo vial en el Boquerón, entre Fusagasugá, Cundinamarca, y Melgar, Tolima. Este jueves (20 de febrero 2025) darán comienzo a ronda de negociaciones. Firmantes de paz y voceros del Gobierno Nacional buscarán soluciones a reclamos de los desmovilizados.
El punto fue acordado en reunión de las últimas horas, luego de dos semanas largas desde el inicio de las protestas en territorio de Icononzo, escenario de las concentraciones en referencia.
Pocas horas después del comienzo de los bloqueos los primeros días de febrero, desde Bogotá se habló del envío de una comisión especial. Con ello buscaban atender uno de los requerimientos de los manifestantes quienes, incluso, demandaron la presencia de funcionaros con “capacidad de decisión”.
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Sin embargo, la primera cita pasó a ser una frustración para los desmovilizados y campesinos promotores de las manifestaciones. A la mesa solo acudieron la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, el alcalde anfitrión de Icononzo, Hugo Nelson Jiménez, y los delegados de los excombatientes. La delegación del Gobierno Nacional no fue tomada como interlocutores válidos.
Bloqueo vial en el Boquerón
Tras ese primer tropiezo en los diálogos regresaron los bloqueos en el Boquerón. Las interrupciones el tránsito se cumplieron de manera temporal, pese a lo cual las afectaciones desataron fuertes molestias y reacciones dentro de viajeros y transportadores.
El escenario comenzó a ser diferente al concretarse una nueva cita la mañana de este miércoles. A un costado de la vía y bajo una carpa especial se sentaron los compromisarios.
Tras varias horas de negociaciones determinaron trasladar las conversaciones a Bogotá. Volverán a encontrarse este jueves (20 de febrero) con una delegación oficial más representativa.
La mesa contará con la participación de diversas instituciones gubernamentales con la misión de atender las peticiones de los excombatientes y las comunidades campesinas involucradas.
Con la firma del convenio, la movilidad se restituyó en ese punto y así continuará hasta cuando se concreten acuerdos definitivos.
Los reclamos de los firmantes de paz
Dentro de las exigencias, el grupo en protesta se fija en asegurar garantías de sus derechos dentro del proceso de reincorporación y el cumplimiento de compromisos previamente pactados. Tienen que ver con vivienda, educación, salud y proyectos productivos. Además, solicitan apoyo para las comunidades campesinas de Tolima, Huila y Cauca, que se han visto afectadas por el conflicto y por las dificultades económicas de la región.
Voceros del alto Gobierno entregaron sus comentarios sobre el acuerdo alcanzado en el Boquerón. “Vamos a concertar con la comunidad que ha mantenido esta movilización (…). Hemos organizado los temas y definido cuáles son competencia de las entidades territoriales, gobernación del Tolima, Cundinamarca, alcaldías, y cuáles corresponden al Gobierno Nacional. Esto permite avanzar hacia soluciones concretas y evitar que se repitan estas situaciones”, afirmó.
No obstante, este tipo de bloqueos no es un caso aislado en el país. En distintas regiones, comunidades y excombatientes han recurrido a este mecanismo como medida de presión para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz y garantizar su seguridad.
Por ejemplo, en el departamento del Cauca, las comunidades indígenas han bloqueado reiteradamente la Vía Panamericana para exigir protección y mayor inversión social. En 2023, un grupo de firmantes de paz instaló un campamento en la vía que comunica Florencia con Neiva, denunciando amenazas y falta de garantías en su proceso de reincorporación.
Asimismo, en el Catatumbo, las comunidades campesinas y excombatientes han protagonizado manifestaciones para exigir la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la sustitución de cultivos ilícitos con proyectos productivos reales y sostenibles. En varios de estos casos, la falta de cumplimiento por parte del Estado ha generado tensiones que derivan en bloqueos y protestas que afectan la economía local y nacional.
Las movilizaciones en Boquerón también reflejan las dificultades que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz a nivel nacional. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, más de 380 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo en 2016.
Por su parte y ante esa circunstancia, el Gobierno Nacional ha reiterado su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz y con la garantía de los derechos de los firmantes. Sin embargo, el camino hacia una paz estable y duradera sigue siendo desafiante y requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad, según algunos observadores.
