La reciente aplicación de técnicas correctivas ancestrales en comunidades indígenas de Bogotá ha vuelto a generar tensiones entre el Distrito y las autoridades de las comunidades. En este contexto, se ha registrado el uso del tradicional cepo en tres adolescentes embera en la Unidad de Planeación Integral (UPI) La Florida, situación que ha impulsado la intervención inmediata por parte de la Secretaría de Integración Social del Distrito.
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La medida, que consiste en amarrar el pie del presunto infractor a una estructura de madera, se emplea habitualmente en las jurisdicciones indígenas para disciplinar conductas que se consideran inapropiadas en el marco de la convivencia comunitaria. Durante el incidente, la entidad distrital activó de manera expedita rutas de protección y llevó a cabo un abordaje psicosocial dirigido a la familia de los menores afectados. Esta acción representa una respuesta inmediata orientada a garantizar la seguridad y el bienestar de la población infantil implicada.
La Secretaría de Integración Social subrayó en su comunicado que la utilización del cepo en menores constituye una vulneración de derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. En ese sentido, se señaló la importancia de evitar la implementación de técnicas correctivas que, además de no estar alineadas con la regulación teritorial del Distrito, pueden contravenir principios en materia de derechos humanos en contextos de menores de edad.
Por otra parte, declaraciones provenientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) refuerzan que el marco normativo de la jurisdicción indígena se orienta a preservar la diversidad cultural y étnica.
Expertos en materia de jurisdicción indígena han puntualizado que el componente territorial abarca no solo el aspecto geográfico sino también elementos culturales. En este sentido, se ha destacado que la situación dentro del predio del Distrito, utilizado de manera transitoria durante los procesos de retorno, no permite afirmar que se trate de un territorio que califique como colectivo o resguardo a fin de aplicar la justicia tradicional indígena en forma plena.
En respuesta a la problemática, las estrategias de intervención de las entidades gubernamentales han hecho énfasis en la pedagogía como herramienta para orientar la corrección de comportamientos sin vulnerar derechos fundamentales. Durante los diálogos iniciados con las vocerías representativas de la UPI, se ha evidenciado la disposición de varios líderes indígenas a explorar alternativas correctivas que no impliquen daño físico ni psicológico a los menores.
El enfoque actual se centra en establecer un espacio de diálogo y comunicación que permita integrar las tradiciones ancestrales con las normativas de protección infantil establecidas por el Distrito. Asimismo, se ha reiterado el compromiso de las autoridades por impulsar procesos de transformación y aprendizaje en materia de convivencia y manejo de conductas, en un marco que respete tanto el patrimonio cultural como los derechos humanos.
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