En la actualidad colombiana, el cumplimiento de las obligaciones tributarias es un acto de responsabilidad cívica. Ciudadanos y entidades despliegan esfuerzos para compartir sus finanzas con el estado, lo que implica la presentación de ingresos y egresos para la determinación de impuestos. La modalidad de pago del impuesto sobre la renta se ha diversificado para facilitar este proceso, incluyendo opciones digitales y presenciales.
El proceso digital simplifica la gestión mediante una transferencia electrónica a través de la Entidad Autorizada para Recaudar (EAR), donde se permite la utilización de cuentas de débito, ahorros o tarjetas de crédito. Para quienes prefieren la presencialidad, hay pasos claros a seguir: descargar e imprimir en papel tamaño carta no reciclado el recibo denominado “pendiente de pago”, procedimiento que se puede finalizar en bancos o corresponsales autorizados.
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Los contribuyentes deben llenar el formulario 210, diseñado para personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes, sumando una capa más de claridad al cumplimiento fiscal. Este año, la DIAN ha publicado un calendario tributario detallado con fechas clave para la declaración de renta de 2024, que depende de los últimos dos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) o de la cédula.
Las fechas límite para la declaración de renta se extienden hasta agosto y septiembre, distribuidas de la siguiente manera:
Plazos de declaración para agosto:
- 12 de agosto: 01-02 últimos dos dígitos del NIT
- 13 de agosto: 03-04 últimos dos dígitos del NIT
- Y así sucesivamente, hasta el 29 de agosto, con los dígitos 25-26.
Fechas límite para septiembre:
- El 2 de septiembre: con los dígitos 27-28
- El 3 de septiembre: con los dígitos 29-30
- Continuando hasta el 11 de septiembre para los dígitos 41-42.
Es imperativo para los contribuyentes estar atentos a estas fechas para evitar sanciones y mantener la buena salud fiscal y legal. La oportunidad de cumplir con estas disposiciones es también un recordatorio de la importancia de la contribución individual y corporativa al financiamiento de los servicios y la infraestructura del país.
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