En un operativo llevado a cabo el viernes 27 de septiembre de 2024, el Ejército Nacional de Colombia, en colaboración con la Policía Nacional, detuvo a un mayor de contrainteligencia que enfrentaba cargos por extorsionar a sus propios compañeros. Según las autoridades, el oficial fue capturado en flagrancia, un hecho que resalta la problemática creciente de la corrupción dentro de las Fuerzas Militares.
El incidente coincide con un momento fundamental para las Fuerzas Militares colombianas, que ese mismo día anunciaron la creación del Comando Gaula Militar, una unidad especializada en la lucha contra la extorsión. Este nuevo comando se presenta como una respuesta directa al incremento de delitos de extorsión en el país, destacando el compromiso de las fuerzas armadas en combatir esta problemática.
El general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, proporcionó detalles sobre la captura. Confirmó que el mayor está actualmente bajo la custodia de la Fiscalía y que se han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes. Cardozo aprovechó la ocasión para reiterar la política de "Cero Tolerancia a la Corrupción" impulsada por el Ministerio de Defensa, el Comando General y el Comando del Ejército.
En sus declaraciones, el general Cardozo enfatizó la gravedad del fenómeno de la extorsión en Colombia, afirmando que es una de las preocupaciones constantes en los consejos de seguridad. La extorsión ha sido identificada como un "multicrimen", utilizado por diversas estructuras criminales para financiarse, lo que añade una capa adicional de complejidad al desafío que enfrentan las autoridades.
El rol de la contrainteligencia en este contexto no puede subestimarse. La función principal de esta división es identificar y remover individuos dentro de la institución que estén involucrados en actividades ilícitas. La captura del mayor es un ejemplo claro de la efectividad de estas tácticas, aunque la identidad del oficial detenido aún no se ha revelado para no entorpecer las investigaciones en curso.
Este caso llega en un contexto preocupante donde las cifras de extorsión han alcanzado niveles alarmantes. Según datos del Ministerio de Defensa Nacional, en los primeros cuatro meses de 2024 se reportaron 3.546 casos de extorsión, una cifra récord en comparación con los últimos diez años. Entre enero y abril de 2014, se registraron 1.824 denuncias, cifra que prácticamente se ha duplicado en el mismo periodo de 2024.
Para entender la magnitud del problema, es esencial destacar algunos puntos relevantes:
- En 2019, se documentaron 3.086 denuncias.
- Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, las denuncias disminuyeron a 2.072.
- Desde 2021, la cifra ha ido en aumento: 2.316 en 2021, 2.482 en 2022, y 3.042 en 2023.
Una de las principales fuentes de extorsión son las cárceles del país; el 41% de las extorsiones se realizan desde prisiones, donde los delincuentes utilizan tarjetas SIM imposibles de rastrear fácilmente.
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El panorama se torna aún más complejo al observar casos específicos, como el de las familias de la vereda El Guamo en Cartagena del Chairá, Caquetá. Estas familias fueron obligadas a abandonar sus hogares el pasado 20 de septiembre, tras recibir amenazas de las disidencias de las FARC. En esta región, las disidencias han intensificado sus actividades, empleando panfletos para exigir el pago de cuotas extorsivas a la comunidad.
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, ha denunciado que estas exigencias incluyen pagos de hasta 90.000 pesos para transporte y almuerzo en reuniones donde los comerciantes y ciudadanos son extorsionados. En lo que va del año, se han registrado 401 casos de extorsión en Caquetá. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mucho mayor debido al temor de las víctimas a denunciar, por miedo a represalias.
Además, se ha identificado a tres subestructuras de las disidencias de las FARC como los principales perpetradores de estos actos en la región: la Segunda Marquetalia, las disidencias de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá. Estas subestructuras continúan sembrando el terror en la región y afectando gravemente la vida de los habitantes locales.
La situación actual resalta la importancia de los esfuerzos del Ejército Nacional para combatir tanto la corrupción interna como las amenazas externas, manteniendo firme el compromiso de proteger a la población y hacer frente a las actividades delictivas.
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